El entramado de una estafa millonaria que terminó con el suicidio de una joven de 30 años sumó un capítulo de suma gravedad institucional.

Un jefe policial, que además ejerce como abogado, está siendo investigado por haber presuntamente "vendido" información clasificada a una prófuga, permitiéndole escapar minutos antes de un operativo cerrojo.

La investigación judicial apunta contra Leonardo Ezequiel Ponte Wisto, un comisario de 37 años con funciones en la Planta de Verificación Policial de Ezeiza. Según la hipótesis que maneja la Fiscalía N° 19 de Lomas de Zamora, el uniformado habría mantenido un encuentro clandestino con el entorno de Marta Mitrovich, una mujer acusada de liderar una estafa de 14 millones de pesos bajo la modalidad de "falsas maldiciones".

En esa reunión, que se habría producido un día antes del allanamiento en una vivienda de Castelar, el oficial habría alertado sobre el procedimiento a cambio de una fuerte suma de dinero.

El contraste entre el patrimonio del comisario y sus ingresos declarados es uno de los puntos que más impactó a los investigadores. Durante el registro de su propiedad, las autoridades incautaron 50 mil dólares en efectivo, 20 millones de pesos y vehículos de alta gama, elementos que reforzaron la imputación por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Aunque recuperó la libertad por falta de antecedentes, su situación procesal sigue siendo crítica mientras se intenta determinar quién filtró los datos del operativo original al efectivo.

Detrás de este escándalo de corrupción policial se esconde una tragedia humana irreversible. La búsqueda de Mitrovich comenzó tras el fallecimiento de Merlín Díaz Silva, dueña de un centro de estética que, tras ser engañada por la organización criminal para que entregara sus ahorros, no pudo soportar el impacto emocional y decidió quitarse la vida en enero pasado.

Actualmente, el hermano de la víctima encabeza un reclamo para que se endurezcan las penas contra este tipo de delitos. A pesar de la relación directa entre el engaño y el fatal desenlace, el Código Penal vigente limita la acusación a la estafa, con penas que podrían ser de ejecución condicional. Mientras tanto, la sospecha sobre la "pata policial" en el encubrimiento de bandas criminales vuelve a poner en jaque la transparencia de las fuerzas de seguridad en el Conurbano.