A casi siete años del trágico hallazgo que conmocionó a la localidad de Recreo, la justicia santafesina dará inicio al debate oral para determinar la responsabilidad penal de los propietarios de una decena de perros. El proceso, que comenzará el próximo 27 de marzo, busca esclarecer las circunstancias en las que el menor de 12 años perdió la vida en un descampado rural en 2019.

Imputaciones y pedidos de pena

En el banquillo de los acusados estarán Iván Mercado Reyes y Norma Vega, señalados como los responsables de los animales que habrían atacado a la víctima. La fiscalía, representada por Andrés Marchi, sostiene la figura de homicidio con dolo eventual, argumentando que los dueños conocían la agresividad de sus perros y no tomaron los recaudos necesarios para evitar un ataque mortal.

Bajo esta calificación, el Ministerio Público Fiscal adelantó que solicitará:

·10 años de prisión para Mercado Reyes.

·8 años de prisión para Vega.

·Como alternativa, se planteó la figura de homicidio culposo, con una escala penal de entre 4 y 5 años de cárcel.

Del horror a la hipótesis científica

El cuerpo de Diego fue localizado en julio de 2019 en un predio cercano a la propiedad de los imputados. Aunque inicialmente el estado del cadáver alimentó teorías vinculadas a crímenes violentos de carácter criminal, los peritajes forenses y veterinarios concluyeron que las lesiones fueron producto de una "depredación por animales".

La jauría en cuestión estaba integrada por ejemplares de razas potentes como Rottweiler y Bóxer, junto a varios perros mestizos. Según la acusación, el ataque se produjo entre la tarde del 3 de julio y la madrugada del día siguiente, en un terreno que los animales frecuentaban sin la debida supervisión.

Controversia por la querella excluida

El inicio del juicio ante el juez Pablo Busaniche se da en medio de una fuerte disputa legal. Recientemente, la querella que representa a la madre del niño fue apartada del expediente por decisión judicial, dejando únicamente al padre como parte querellante.

Esta resolución fue apelada ante la Corte Suprema de Santa Fe por el abogado Dionisio Ayala, quien cuestiona no solo la exclusión de su clienta, sino también el rumbo de la investigación. Ayala sostiene que persisten interrogantes sobre la violencia del hecho y que la hipótesis de la jauría deja cabos sueltos que deberían haber sido profundizados antes de llegar a la instancia de debate oral.

El cronograma judicial prevé una extensión de varias jornadas, finalizando el 9 de abril, fecha en la que se espera conocer el veredicto sobre una causa que marcó un antes y un después en la legislación sobre la tenencia responsable de animales en la región.