Las cifras del inicio de año exponen una realidad alarmante: entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2026, la violencia machista se cobró la vida de 43 personas en el país. El dato, que se desprende del último relevamiento del Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", revela una frecuencia estremecedora: un femicidio cada 34 horas.
El informe no solo contabiliza las muertes consumadas, sino que pone el foco en la altísima tasa de ataques no mortales: se registraron 72 intentos de femicidio, lo que equivale a una agresión violenta cada 21 horas.
El análisis detallado de los casos confirma que el círculo íntimo de las víctimas sigue siendo el escenario más peligroso.
·El vínculo: En el 72% de los casos, los agresores fueron parejas o ex parejas de las víctimas.
·El lugar del hecho: El 67% de los ataques fatales ocurrieron dentro de una vivienda (ya sea el domicilio de la víctima o la casa compartida con el victimario).
·Víctimas colaterales: Al menos 23 niños y niñas perdieron a sus madres como consecuencia directa de estos crímenes en lo que va del año.
Fallas en el sistema: Denuncias que no salvaron vidas
Uno de los puntos más críticos del informe es el cuestionamiento a la eficacia estatal. El 19% de las víctimas fatales ya había realizado denuncias previas contra su agresor, lo que demuestra que las medidas de restricción o protección vigentes no fueron suficientes para evitar los crímenes.
Caso testigo: El informe cita el femicidio de Vanesa López (39) en Gualeguay. Según el relevamiento, Vanesa intentó denunciar a su agresor antes del ataque, pero en la dependencia policial le indicaron que "regresara otro día". Poco después, fue asesinada por Ernesto Fabián Camaño, quien hoy se encuentra detenido.
Desglose de las 43 víctimas:
35 Femicidios directos.
5 Femicidios vinculados (personas asesinadas por su vínculo con la mujer para castigarla).
2 Casos de instigación al suicidio.
1 Travesticidio.
Desde las organizaciones feministas advierten sobre un "recrudecimiento de la violencia" y exigen una revisión urgente de los protocolos policiales y judiciales, especialmente ante la desatención de denuncias en comisarías, un factor que resultó determinante en varios de los casos registrados en febrero.
