Bajo una estricta política de "tolerancia cero" contra la mala praxis en el servicio público, el Gobierno de Neuquén inició el año profundizando el proceso de depuración dentro de sus filas. Mediante decretos firmados por el gobernador Rolando Figueroa, se confirmó la desvinculación de cuatro efectivos de la Policía provincial y un oficial del cuerpo penitenciario, involucrados en faltas graves que van desde el ausentismo crónico hasta delitos penales.
Radiografía de las expulsiones: Causas y antecedentes
Las auditorías internas, respaldadas por el Reglamento del Régimen Disciplinario, determinaron que las conductas de los agentes eran incompatibles con la función de seguridad.
·Inasistencias injustificadas: El cabo N.F.P. fue cesanteado tras confirmarse que no se presentó a cumplir funciones durante extensos periodos entre 2023 y 2024. Pese a las instancias de indagatoria administrativa, el efectivo nunca retomó sus tareas, acumulando más de un año de abandono de servicio.
·Falsificación y conducta reincidente: El agente S. R. G. enfrenta una situación doblemente compleja. Además de ser expulsado por poseer más de 90 días de arresto interno y múltiples sanciones, se encuentra bajo investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos por la presunta falsificación de certificados médicos.
·Consumo de sustancias prohibidas: En el caso del cabo W.B.R., la baja se produjo tras un control de la División Motorizada. Un test multidrogas arrojó resultado positivo para cocaína, diagnóstico que fue ratificado mediante una contraprueba oficial, lo que derivó en su inmediata separación de la fuerza.
·Historial disciplinario: D. J. C., oficial principal del Escalafón Custodia (Cuerpo Penitenciario), fue removido tras detectarse un legajo con 76 días de arresto y un patrón sistemático de infracciones disciplinarias.
El primer "poliladron" del año
Dentro de este esquema de saneamiento, destaca el caso de M. A. B.. El ex agente se convirtió en el primer expulsado del año bajo acusaciones criminales: se le imputa el robo de pertenencias a un compañero de la fuerza. Mientras avanza la causa judicial en su contra, el Ejecutivo ya dictó su cesantía administrativa efectiva a partir de este viernes.
Desde el Ministerio de Seguridad han enfatizado que estos procedimientos no son arbitrarios, sino que son el resultado de sumarios administrativos donde los involucrados tuvieron garantizado su derecho a la defensa.
La administración actual busca enviar un mensaje contundente: la permanencia en la administración pública está supeditada al cumplimiento estricto de las obligaciones. Esta "purga" apunta a eliminar del sistema a quienes incurren en delitos o mantienen conductas de indisciplina, garantizando que el presupuesto estatal se destine exclusivamente a agentes con vocación de servicio y ética profesional.
