El fiscal jefe Gastón Liotard y el asistente letrado Rodrigo Blanco solicitaron ayer que se mantenga la prisión preventiva de S.C. hasta el 15 de febrero de 2026, al considerar que los riesgos procesales que motivaron su detención no solo persisten, sino que se han agravado con el avance de las investigaciones y las nuevas circunstancias del caso.

La mujer está imputada en tres legajos por hechos cometidos en Plaza Huincul: uno por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de instigadora; otro por tráfico y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, como organizadora; y un tercero por abuso de armas. La fiscalía planteó que, frente a ese cuadro y a la inminencia de los juicios previstos para febrero, la continuidad de la prisión preventiva es la única medida eficaz para asegurar la comparecencia de la imputada y evitar maniobras que puedan afectar la investigación y el futuro debate.

Liotard y Blanco recordaron que desde la primera solicitud de cautelares, el 13 de junio, se acreditó una alta expectativa de pena, una solvencia económica significativa vinculada a movimientos de dinero y bienes, y la ausencia de arraigo laboral, factores que, en conjunto, reforzaban el peligro de fuga. Si bien en esa instancia, la jueza Laura Barbé le impuso prisión domiciliaria, días más tarde, la fiscalía formuló cargos nuevamente, en este caso porque en el tiempo que estuvo en su vivienda, ofreció dinero, armas y un vehículo a cambio del homicidio de la fiscal que la estaba investigando. A partir de ese momento pasó a cumplir prisión preventiva, por pedido del fiscal jefe y por orden de otro juez de garantías.

El 15 de agosto, en la investigación por venta de drogas, se extendió por 4 meses la prisión preventiva.

Prórroga de la detención

En la audiencia de ayer, Liotard argumentó que a ese contexto, ahora se suman otros antecedentes: una condena federal reciente dictada contra por infracción a la ley de estupefacientes y el producto de análisis de teléfonos celulares, que dan cuenta de maniobras de organización y distribución de droga en volúmenes relevantes.

En cuanto al riesgo de entorpecimiento, el fiscal jefe reiteró que en libertad la imputada podría influir sobre testigos, intervenir en la coordinación de actividades ilícitas o afectar el desarrollo del juicio. “Los fundamentos que dieron lugar a la prisión preventiva no solo se mantienen: hoy son más sólidos”, indicó Liotard.

El representante del MPF también informó que evaluó el domicilio propuesto por la defensa para una eventual prisión domiciliaria, ubicado en Zapala, pero consideró que no reúne condiciones mínimas de seguridad.

Con ese marco, el Ministerio Público insistió en que la prisión preventiva hasta el 15 de febrero es “proporcional, razonable y necesaria”, especialmente considerando que los juicios se realizarán en los primeros días posteriores a la feria judicial.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz convalidó el pedido del MPF y dispuso la prórroga de la prisión preventiva por cuatro meses.

Otros imputados

Previo a tratar la prórroga de la detención de S.C, los representantes de la fiscalía explicaron que en el marco de la investigación por venta de drogas aún resta concretar medidas de prueba: una pericia contable en trámite y el informe final de la apertura de tres teléfonos y el análisis posterior de ese material por parte de la División Antinarcóticos de la Policía, por lo que se solicitó extender el plazo para realizarlas hasta el 15 de febrero. Todas las partes estuvieron de acuerdo, por lo que el juez hizo lugar al planteo.

En contrapartida a lo solicitado respecto de S.C, la fiscalía no pidió extender las medidas cautelares vigentes respecto del resto de las personas imputadas: M.G.A., T.L.A., G.L.M. y A.V, y anticipó que en esos casos se está trabajando en salidas alternativas al juicio. Ante esa posición, el juez Diego Chavarría Ruiz hizo lugar al pedido de la defensa pública, quien pidió el cese de la prisión domiciliaria que hasta ayer cumplió A.V.