El sistema penitenciario de la capital neuquina enfrenta una crisis de carácter dual que amenaza tanto la salubridad como el marco legal de los internos. Más allá de la endémica superpoblación, las unidades de detención U11 y U12 han elevado reclamos urgentes ante la Justicia y la opinión pública: por un lado, un déficit hídrico en la U11; por otro, el estancamiento procesal que impide a los detenidos acceder a sus beneficios de libertad.

U11: la emergencia humanitaria por la falta de agua

La crítica situación en la Unidad de Detención 11 (U11) fue expuesta por Emilia, familiar de un alojado, quien denunció la interrupción total del suministro de agua potable en el Cuadrante B de la unidad desde hace más de una semana.

La mujer, en declaraciones a Radio 7, detalló que, a causa de la falla técnica, el personal se ve obligado a cargar el líquido en baldes y bidones desde las canillas del Cuadrante A. Esta solución paliativa es, a todas luces, insuficiente.

“El agua es un elemento esencial para el ser humano y es preocupante, por la superpoblación y por las enfermedades que acarrea, que no puedan garantizar una necesidad básica”, lamentó la familiar. A pesar de que una empresa trabaja en la reparación, no existe un informe oficial que otorgue certezas sobre la restitución del servicio, generando un riesgo sanitario inminente en un penal que recientemente recibió a otros once detenidos para descongestionar las comisarías.

U12: el Habeas Corpus

En paralelo, los internos de la Unidad de Detención 12 (U12) presentaron un hábeas corpus ante la jueza de Ejecución, Raquel Gass, buscando destrabar una parálisis burocrática que afecta su derecho a la resocialización.

El reclamo, firmado por doce internos del Pabellón 1, apunta al retraso crónico en la emisión de los informes criminológicos a cargo del Gabinete Técnico Criminológico (GTC) del Poder Judicial.
Estos análisis —que evalúan la conducta y el desempeño del condenado y son obligatorios por la Ley 24.660— resultan fundamentales para que los jueces puedan otorgar salidas transitorias, salidas laborales o la anhelada libertad condicional.

Los detenidos objetan que esta ineficiencia del GTC agrava la sobrepoblación carcelaria, ya que muchos internos que cumplen con las condiciones temporales para acceder a beneficios ven sus solicitudes demoradas hasta por más de un año.

El gabinete "colapsado" y la respuesta

La denuncia de los internos de la U12 expone una problemática reconocida. Ya en septiembre del año pasado, un escrito interno del Gabinete Criminológico admitía que el equipo —compuesto por tan solo cuatro psicólogos y cuatro trabajadoras sociales— se encontraba "colapsado".

En aquel momento, se contabilizaban 180 informes pendientes solo en la capital neuquina, de los cuales 58 eran clave para la obtención de la libertad condicional o asistida.

Si bien las autoridades indicaron el mes pasado que se había iniciado el proceso de selección de diez nuevos profesionales para reforzar el equipo, la ausencia de un plazo estipulado para su incorporación mantiene el cuello de botella judicial, prolongando el cautiverio de quienes ya deberían estar en proceso de reinserción. La jueza Gass ha tomado nota del reclamo y se espera la convocatoria de una audiencia para debatir estas fallas sistémicas.