El caso del asesinato de Aralí Vivas, la niña de 8 años que fue encontrada muerta en una vivienda incendiada en la localidad de Brinkmann, avanza hacia la etapa de juicio. El fiscal de instrucción, Francisco Payges, cerró la investigación y solicitó formalmente que los tres imputados sean llevados a un tribunal.

Los acusados son la madre de la víctima, Rocío Milagros Rauch; su pareja, Ezequiel Matías Simeone; y un amigo de ambos, Cristian Hernán Varela. Los tres enfrentan cargos de extrema gravedad: abuso sexual agravado y homicidio criminis causa, es decir, el crimen se cometió para encubrir el abuso. Simeone también fue imputado por haber prendido fuego la casa para intentar borrar evidencia.

La investigación revela una macabra secuencia

La reconstrucción de los hechos, basada en cámaras de seguridad, mostró movimientos sospechosos de Simeone y Varela en la madrugada del 1 de noviembre de 2024. Tras múltiples entradas y salidas de la vivienda, el padrastro de la niña habría iniciado el fuego. Tras sofocar las llamas, los bomberos encontraron el cuerpo de Aralí, que presentaba signos de la violencia sufrida. Un dato escalofriante es que los hermanos menores de la niña permanecieron solos en la casa durante horas, incluso cuando el fuego comenzó, junto al cuerpo de su hermana.

Bajo la lupa, la Secretaría de Niñez y Familia

El trágico desenlace del caso ha generado un fuerte cuestionamiento hacia la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Semanas antes del crimen, el organismo había autorizado la revinculación de los niños con Rauch y Simeone, a pesar de que la pareja tenía antecedentes de consumo y violencia. Tras la conmoción pública, se abrió una investigación interna para revisar la actuación de la secretaría.

El juicio, que se llevará a cabo en la Cámara del Crimen de San Francisco, todavía no tiene fecha de inicio. La causa es seguida de cerca por familiares, vecinos y organizaciones que exigen justicia y cuestionan las fallas en la protección estatal. Los tres acusados se enfrentan a la posibilidad de recibir una condena a prisión perpetua, en lo que se considera uno de los casos más dolorosos de la historia reciente de la provincia de Córdoba.