El Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a los ex funcionarios judiciales de la dictadura Pedro Laurentino Duarte, ex juez federal, y Marcelo Ortiz, ex fiscal federal, a 11 años de prisión de cumplimento efectivo por no haber investigado las denuncias del secuestro de 23 personas, de las cuales más de la mitad permanece desaparecida. También "cajonearon" los habeas corpus presentados por las familias.

El TOF, integrado por María Paula Marisi, Alejandro Silva y Sebastián Foglia, los consideró partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad de 8 personas y autores del delito de omisión de promover la persecución penal en todos los casos. Al ex juez, además, lo encontró culpable de prevaricato por haber dictado resoluciones contrarias a la ley en los casos en los que cerró investigaciones y dictó sobreseimientos basados en hechos falsos.

Los jueces declararon por mayoría que los hechos “resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio”, y sancionaron a ambos con la inhabilitación absoluta, a Duarte de manera perpetua y a Ortíz por 22 años (el doble de la pena).

Ambos fueron acusados como autores del delito de omisión de promover la persecución penal y como partícipes secundarios del delito de privación ilegal de la libertad. Duarte, además, está imputado por prevaricato, ya que cerró investigaciones y dictó sobreseimientos basado en información falsa.

Según el requerimiento fiscal de elevación a juicio, Duarte y Ortiz habrían prestado una colaboración indispensable al personal militar, de la policía local, federal y penitenciario para la comisión de delitos tales como “detenciones ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y desaparición forzada de personas con eliminación física”.

Las víctimas en su mayoría estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita” de Neuquén, que funcionó en un predio del Ejército bajo el control del Destacamento de Inteligencia 182 y de la VI Brigada de Infantería de Montaña, y más de la mitad de ellas se encuentran desaparecidas.

Se trató del octavo y tal vez el último juzgamiento por los crímenes de la dictadura en Neuquén, ya que, si bien hay casos instruidos y elevados a juicio, no quedan responsables en condiciones de ser llevados al proceso.

Oscar Reinhold, en prisión domiciliaria con condena firme y acusado en todos los tramos como uno de los jefes que perpetró el plan criminal en la región, fue declarado inhábil este año.