La fiscal del caso Gabriela Macaya requirió que se extienda la prisión preventiva que venía cumpliendo L.A.P, un varón declarado penalmente responsable por intentar asesinar a su expareja y a la hija de la mujer en Picún Leufú.

Un tribunal colegiado integrado por los jueces Eduardo Egea, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo rechazó el pedido de la fiscalía y, de esta manera, el acusado seguirá detenido pero en prisión domiciliaria.

Durante la audiencia realizada el martes, la fiscal se opuso a un planteo efectuado por la defensa para que la prisión preventiva sea modificada por una detención domiciliaria. Macaya describió que la propuesta fue evaluada y descartada en más de una oportunidad por distintos jueces y aseguró que las condiciones que motivaron la detención no han sido modificadas. Además, la funcionaria de la fiscalía detalló que el imputado ya fue declarado responsable por dos hechos muy graves y que la pena prevista tiene un mínimo de 10 años por lo que indicó que “es imposible hacer lugar al pedido de la defensa”.

La representante de la fiscalía agregó que, en una audiencia realizada en noviembre de 2023 “la prisión preventiva fue extendida de común acuerdo con la defensa hasta la audiencia de cesura de la pena, que estaba prevista para realizarse hoy”, indicó. Agregó que en aquella oportunidad las partes estaban en conocimiento de que la medida superaba el plazo máximo de un año, previsto en el artículo 119 del Código Procesal Penal. De esta manera, la fiscal requirió la extensión de la prisión preventiva hasta la nueva fecha de cesura de la pena.

 Originalmente la audiencia debía ser de determinación de la pena, pero ante el planteo de la defensa, fue convertida en una modificación de medidas cautelares. Finalmente, por decisión del tribunal que debía llevar adelante el juicio de cesura, el imputado permanecerá detenido en una vivienda de la ciudad de El Chocón. Como parte de la resolución de los jueces, la policía deberá efectuar rondines sorpresivos y a la brevedad deberá colocársele un dispositivo de control electrónico (tobillera) a L.A.P.

Antes de que concluya la audiencia, la fiscal del caso requirió la revisión de la resolución dispuesta por los magistrados.

La discusión sobre la pena que le corresponde cumplir a L.A.P se dará en la audiencia que fue fijada para el 19 de junio de este año.

Sentencia

En marzo y luego de un juicio, un tribunal colegiado declaró al imputado penalmente responsable por los delitos de homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por la utilización de arma de fuego, en grado de tentativa (por el ataque a su expareja), en concurso real con homicidio agravado por la utilización de arma de fuego, en grado de tentativa (en lo referido a la hija de la mujer), ambos en carácter de autor (artículos 79, 80 incisos primero y onceavo, 41 bis, 45, 42 y 55 del Código Penal). La decisión del tribunal fue alcanzada por unanimidad.

Hecho

De esta manera, la teoría del caso que acreditó la fiscalía fue que el 28 de febrero de 2023 cerca a las 7:20, cuando el imputado ingresó al patio de la casa de la víctima y permaneció allí escondido. En un momento, la mujer salió de la vivienda y fue a cargar una camioneta para emprender un viaje, y él la sorprendió y la golpeó. Luego, sacó un revólver calibre 38 y comenzó a darle culatazos en la cabeza, mientras ella intentaba defenderse y le gritaba a su hija para que llamara a la Policía.

Cuando la hija de la mujer salió de la vivienda, también recibió un culatazo. En ese momento, la madre empujó al agresor -que gatilló el arma sin que el disparo saliera- y logró quitarle el revólver. Después de sacarle el arma, la arrojó al patio de un vecino.

Tras ello, las dos mujeres ingresaron a la vivienda y L.A.P, que quedó en el patio, tomó una soga, se la ató al cuello y se colgó de un tirante. Allí dejó cuatro sobres con cartas con contenido machista, dirigidas a distintas personas. Luego llegaron al lugar efectivos policiales que habían sido alertados, cortaron la soga y detuvieron al imputado.

La identidad del condenado se reserva con el objetivo de proteger la intimidad de las mujeres que sufrieron la agresión.