Un tribunal de revisión ratificó los embargos e inhibiciones de bienes que a fines de noviembre solicitó la fiscalía de Delitos Económicos, por lo que las medidas cautelares que buscan proteger los activos de cara a un eventual resarcimiento a las cuentas públicas, continuarán vigentes.
La resolución fue adoptada ayer, tras un nuevo pedido del fiscal del caso Juan Narvaez para rechazar los planteos con los que las defensas pretendían hacer caer las medidas sobre propiedades inmuebles, autos, cuentas bancarias y billeteras virtuales.
El tribunal, entonces, ratificó por 8 meses la vigencia de 30 inhibiciones generales de bienes y 6 sobre propiedades inmuebles: una chacra y 5 casas. También los embargos de 26 vehículos, 63 cuentas bancarias, 17 billeteras virtuales y una cuenta comitente.
Originalmente, la cautelar fue dictada el 28 de noviembre por la jueza de garantías Carina Álvarez, en respuesta al pedido de Narvaez y del fiscal jefe Pablo Vignaroli. En esa resolución, la magistrada solo dejó afuera las cuentas bancarias que se utilizan para percibir haberes.
De acuerdo con la investigación, el perjuicio a las cuentas públicas alcanza hasta el momento un total de $153.377.900, aunque resta analizar información para precisar el monto.
Antecedentes
La teoría del caso la fiscalía alcanza a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debido. Discrimina distintos niveles de responsabilidad, poniendo como jefes a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. Recientemente, la fiscalía amplió la acusación inicial y sumó en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
Además de quienes están señalados al frente de la asociación ilícita, hay otros 26 imputados e imputadas - entre particulares; empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda- con distintos niveles de participación en la maniobra.
Ya sea como jefes o como integrantes, todas las personas están acusadas por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).
