A casi un año de la flexibilización parcial de las divisas, la autoridad monetaria introdujo cambios en los plazos de liquidación para exportadores, pero reforzó los bloqueos cruzados entre el mercado oficial y la Bolsa.

El Directorio del Banco Central (BCRA) concretó este jueves una nueva actualización del tablero cambiario nacional. Si bien la medida fue presentada bajo un marco de simplificación normativa, el organismo optó por una estrategia de "calibración fina": mientras otorga mayores plazos a ciertos sectores productivos, cierra grietas regulatorias para evitar el arbitraje entre los diferentes tipos de cambio que conviven en la economía argentina.

Una de las decisiones más significativas de la última jornada fue la extensión de la denominada "restricción cruzada". Este mecanismo, que busca segmentar rígidamente los mercados, impide que quienes operan en el segmento oficial (bancos) salten de forma inmediata al ámbito bursátil (MEP o Contado con Liquidación).

Hasta ahora, la obligación de esperar 90 días para operar en la Bolsa tras comprar divisas en el banco afectaba principalmente a pequeños ahorristas. Sin embargo, la nueva disposición amplía este "congelamiento" a quienes realicen transferencias de moneda extranjera entre cuentas propias hacia el exterior. Con esto, el BCRA intenta neutralizar movimientos que puedan presionar las reservas o alimentar la brecha cambiaria.

A pesar de los avances hacia una normalización, el ecosistema corporativo sigue lidiando con un complejo esquema de permisos y demoras. El sistema de "parking" de 24 horas continúa vigente para las empresas que adquieren dólares vía bonos, actuando como un freno de mano para la liquidez inmediata.

En el frente de los pagos internacionales, el acceso al Mercado Libre de Cambios sigue condicionado. Las empresas solo pueden girar divisas para importaciones bajo estrictos registros aduaneros y enfrentan esperas de hasta tres meses para cancelar servicios con firmas vinculadas. El giro de dividendos y la cancelación de deudas generadas antes de la actual gestión también permanecen bajo regímenes especiales o bloqueos parciales, obligando a las compañías a buscar alternativas de financiamiento o refinanciaciones de largo aliento.

En contraste con el endurecimiento de los controles financieros, el Gobierno decidió otorgar un respiro a la industria manufacturera nacional. En la misma resolución, se duplicó el plazo legal para que los exportadores de sectores específicos, como la indumentaria, la marroquinería y las industrias de alta tecnología (espacial y nuclear), ingresen sus divisas al país.

A partir de ahora, estos fabricantes contarán con 365 días en lugar de 180 para liquidar sus ventas al exterior. Esta medida busca otorgar mayor competitividad y flexibilidad financiera a los sectores con ciclos productivos más largos, permitiéndoles gestionar mejor sus flujos de caja en un contexto de transición económica.