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A través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó el esquema tarifario que entrará en vigencia el próximo 1º de abril. La actualización combina el ajuste mensual por inflación, la modificación del precio del gas en el punto de ingreso al sistema (PIST) y un nuevo escalón de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT).


Los tres pilares del aumento

El nuevo cuadro tarifario responde a una arquitectura de costos que busca reducir el gasto estatal en subsidios:

1.Actualización del PIST: Ajuste en el valor del gas natural en boca de pozo.

2.Tramo RQT: Aplicación de uno de los 31 aumentos mensuales consecutivos programados hasta completar la revisión quinquenal.

3.Indexación por inflación: Ajuste mensual automático para reflejar la evolución de los precios internos.

Impacto en los cargos fijos

Los nuevos valores establecen una brecha significativa según la categoría de consumo. Para los usuarios residenciales en el área metropolitana (AMBA), las referencias son las siguientes:

·Categoría R1 (consumo mínimo): El cargo fijo mensual se ubica entre los $3.824 (CABA) y los $4.416 (Conurbano).

·Categoría R4 (consumo elevado): El cargo fijo base para los usuarios de mayor demanda supera los $91.000 mensuales.

Subsidios y segmentación focalizada

La normativa introduce el concepto de Precio Anual Uniforme (PAU) como variable central para el cálculo de beneficios sociales durante todo el 2026. Bajo este esquema:

·Subsidios Energéticos Focalizados (SEF): Las bonificaciones para sectores vulnerables se aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio anualizado derivado del Plan Gas.Ar.

·Transparencia en la facturación: Las empresas distribuidoras tienen un plazo de diez días hábiles para publicar los cuadros detallados en medios de comunicación masiva, asegurando que los usuarios identifiquen el costo real del servicio y el nivel de asistencia estatal recibido.

Proyección a mediano plazo

Este ajuste se inscribe en la política de "tarifas móviles por temporada" implementada por la Secretaría de Energía. El objetivo final es alcanzar la paridad entre el costo de producción y el precio final pagado por el consumidor, manteniendo mecanismos de protección únicamente para los hogares que califiquen dentro del régimen de subsidios focalizados.