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El rol del Estado en la distribución de los recursos volvió al centro de la escena política local. A raíz de un cruce en redes sociales, donde el presidente Javier Milei calificó con dureza los postulados que defienden la suba de impuestos como herramienta de equidad, el debate sobre el impacto de la política económica cobró fuerza. En la discusión intervino incluso el empresario Marcos Galperin, quien relativizó el peso del patrimonio de las grandes fortunas frente al volumen del gasto público general. Sin embargo, más allá de las declaraciones mediáticas, un repaso por las reformas normativas implementadas por la actual administración evidencia una tendencia sostenida hacia la reducción del costo fiscal para los patrimonios más altos y los sectores corporativos.

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El sexto mes del año sumará una nueva presión sobre el poder adquisitivo de los asalariados y sectores de menores recursos, debido a reajustes en tarifas clave, transporte público y las cargas fiscales del monotributo.

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El deterioro de las variables macroeconómicas comenzó a trasladarse de manera directa al balance de los hogares argentinos, amenazando la estabilidad de la cadena de pagos del sistema. La combinación de salarios estancados, una inflación persistente, subas de tarifas y el encarecimiento del crédito formal configuró un escenario donde el financiamiento ya no se destina a la adquisición de bienes durables —como propiedades o automóviles—, sino que mutó en un canal de supervivencia para costear el consumo diario de alimentos. Ante la imposibilidad de saldar los saldos totales, las familias recurren de forma sistemática al pago mínimo de las tarjetas y a la reestructuración constante de pasivos, un proceso avalado por el sector bancario que eleva el riesgo de un colapso financiero a gran escala.

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Mientras el discurso oficial del Gobierno nacional intenta convalidar una aparente reactivación económica sobre la base de la estabilidad cambiaria, el entramado de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en la Argentina cruje bajo el peso de una crisis financiera asfixiante. La falta de liquidez en el mercado interno dejó de ser un problema estacional para convertirse en un deterioro estructural de la cadena de pagos. De acuerdo con la Encuesta Radar PyME elaborada por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) —que relevó a más de 260 firmas con amplia trayectoria en 22 provincias—, las empresas no solo enfrentan un desplome real de sus ventas, sino que se ven obligadas a financiar su operatividad cotidiana mediante el endeudamiento.

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El escenario lácteo en la Argentina continúa mostrando profundas asimetrías bajo la actual administración nacional. Mientras firmas como La Suipachense logran recuperarse de crisis severas, la mayoría del sector padece la caída del consumo interno, el stock remanente y la escalada de los costos de producción. En este complejo panorama, la situación de Lácteos Verónica llegó a un punto crítico. Propiedad de la familia Espiñeira, la empresa mantiene totalmente inactivas sus plantas industriales ubicadas en las localidades santafesinas de Clason, Lehmann y Suardi, dejando un tendal de deudas bancarias, cheques rechazados y un fuerte conflicto social con sus 700 operarios, quienes llevan cuatro meses sin percibir sus remuneraciones de manera integral.

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