La Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN) manifestó su firme rechazo ante la decisión de la firma Halliburton Argentina S.R.L. de aplicar una reducción del 23% sobre los montos de contratos previamente firmados con empresas proveedoras locales, medida que afectaría el período comprendido entre agosto y diciembre.
Desde la entidad empresarial calificaron como "insólito" el intento de alterar las condiciones económicas de acuerdos que ya se encuentran en plena ejecución, advirtiendo que los proveedores ya han realizado inversiones, contratado personal y asumido compromisos financieros basados en los valores acordados originalmente.
Impacto en la cadena de valor de Vaca Muerta
El presidente de ACIPAN, Dante Scantamburlo, remarcó la diferencia entre negociar futuros contratos y modificar los vigentes de manera unilateral:
"Revisar productividad, discutir un contrato nuevo o sentarse a renegociar forma parte del negocio y nadie se sorprende por eso. Reescribir el precio de un acuerdo que ya está corriendo es otra cosa: el riesgo de una decisión que tomó una empresa lo termina pagando la otra", afirmó Scantamburlo.
Asimismo, la cámara empresarial explicó que la tarifa de los servicios petroleros se calcula con meses de anticipación considerando variables fijas como la nómina salarial, el mantenimiento de equipos, repuestos, seguros, logística y costos financieros. Ante esta estructura de costos, advirtieron que una quita de tal magnitud solo puede absorberse reduciendo el capital de trabajo o despidiendo personal.
Seguridad jurídica para el desarrollo de la región
ACIPAN enfatizó que las pymes locales compiten diariamente bajo altos estándares de exigencia y con márgenes operativos acotados en el desarrollo de Vaca Muerta. Por ello, solicitaron que cualquier revisión de condiciones comerciales se debata antes de asumir nuevos compromisos o mediante acuerdos con reglas claras y plazos definidos.
"Vaca Muerta necesita proveedores que puedan invertir, tomar crédito y planificar a tres años. Para eso hace falta algo elemental: que un contrato firmado valga lo que dice. Si se puede corregir sobre la marcha, el que termina pagando más caro es todo el sistema", concluyó el titular de la entidad.
