Más de 20 personas, incluida una niña que falleció, fueron víctimas de envenenamiento en un predio donde funcionaba una industria que, según fuentes oficiales, se encontraba trabajando de forma ilegal.
La Justicia Federal de Rafaela procesó a una empresaria de la ciudad de Ceres, en el noroeste de la provincia de Santa Fe, por una veintena de casos de intoxicación con plomo, entre ellas una niña que murió, en el predio donde funcionaba una fábrica de baterías para automóviles, informaron este jueves voceros judiciales.
El juez federal Marcelo Bailaque, subrogante del Juzgado de Rafaela, procesó a Norma Orellano, de 59 años, por los casos de contaminación con plomo de un grupo de personas que ocupó en forma ilegal el predio donde funcionó la fábrica de baterías de la firma Nesaglo SA, de la que era vicepresidenta.
El magistrado procesó a Orellano por infracción a la ley 24.051 que regula el tratamiento de los residuos peligrosos que generan las empresas y que puede alcanzar penas de hasta 25 años de prisión, aunque no ordenó su detención.
En el mismo fallo, Bailaque dictó la falta de mérito para la Directora General de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, Mónica Mabel Ucero.
El lugar donde se intoxicaron
La fábrica de baterías estaba ubicada en un predio de Tucumán y Larrea de la ciudad de Ceres y las personas que se intoxicaron habían ocupado ilegalmente las instalaciones, entre ellas una niña que murió a raíz de la contaminación.
Se trata de Xiomara Crespin, de tres años, quien falleció el 6 de enero de 2021 mientras era atendida en el hospital de Niños Orlando Alassia de la capital provincial por envenenamiento.
En ese momento la Justicia determinó que la niña tenía 1,98 gramos de plomo en sangre, en tanto los valores normales no deben superar los 0,3 gramos.
La muerte de la niña y la intoxicación de otros dos menores llevaron a las autoridades a iniciar una investigación que determinó que esas personas vivían en el predio abandonado desde 2017 de la antigua fábrica de baterías.
La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Gustavo Onel, quien logró que el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, clausurara el predio a través de un operativo de Gendarmería Nacional.
