La fiscal Sandra González Taboada imputó el cargo de "incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con homicidio culposo de la docente Mónica Jara", a Gabriel Potás, funcionario de educación que determinó el reinicio de las clases presenciales en la escuela 144 sin haber verificado que la obra estuviera finalizada, certificada y habilitada.

A Gabriel Eduardo Potás, Coordinador Interinstitucional de la Unidad de Planificación e Infraestructura del ministerio de Educación, se le imputó "no haber efectuado, ni por si ni por medio de personal competente para ello, un relevamiento de las condiciones e infraestructura de la escuela", haber dispuesto el inicio de las clases presenciales sin que la obra que "se llevaba a cabo se encontrara concluida, habilitada y debidamente entregada habiendo provocado ello la presencia de personal docente y educandos, entre los cuales se encontraba la docente Mónica Jara", dijo. Como es conocido, la maestra sufrió las consecuencias de la explosión y falleció.