Desde Bolivia, un informe especial sobre cómo fueron los brutales ataques contra las marchas a favor de Evo Morales en los que fueron asesinados 37 personas. Para Álvaro García Linera, fueron las armas envíadas por el anterior gobierno argentino.
Bolivia espera expectante el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las masacres producidas en Pedregal (La Paz), Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) que el organismo hemisférico de protección y promoción de DDHH entregaría este martes 20 de julio.
En ese informe se compilarán decenas de testimonios de familiares de los muertos, de heridos y de apresados. Luego de la renuncia de Evo Morales, 37 bolivianos fueron asesinados por uniformados y paramilitares. Y también se registraron más de cien heridos y casi dos centenares de detenidos.
En relación a las víctimas, el exvicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, recordó que Paulino Condori y Percy Conde murieron por disparos de balines: “Heridos por perdigones de escopeta, esos cartuchos que regalaron, que entregaron a la policía y a las Fuerzas Armadas, han matado gente, han herido gente”.
En declaraciones al programa televisivo "Papel, piedra y tijera", del canal La Razón Digital, García Linera aseguró que Condori y Conde “murieron por disparos de cartuchos de escopeta” y agregó que las municiones empleadas, en ambos casos, fueron las entregadas por el entonces gobierno de Argentina en noviembre de 2019.
Una bandera del MAS como torniquete
La violenta represión contra los movilizados, que estaban furiosos por el golpe de Estado y por el hecho de que los insurrectos hubieran quemado en plena plaza principal de La Paz la wiphala (enseña indígena reconocida como bandera nacional a la par y, con el mismo valor, que la rojo, amarillo y verde), comenzó el 11 de noviembre de 2019. Cuando Jeanine Áñez todavía no había asumido la presidencia. En esas horas el poder real estaba en manos de militares y policías, que determinaron “pacificar el país”. Quisieron hacerlo a bala, sangre y golpes.
A las 10 de la mañana de aquel 11 de noviembre de 2019, pocas horas después de la renuncia de Evo Morales y del propio García Linera, el albañil Josué Pillco Catunta recibía en la zona sur de La Paz la descarga de balines:
“De un disparo me llegaron 8 balines. Asustado, me escapé de los policías, que minutos antes estaban gasificando a la gente. A los que caían, los arrestaban y los subían a la camioneta. Un balín perforó mi brazo y destrozó mi dedo. Luego me llegó a la cadera, a la rodilla, al estómago y dos a la espalda.
“De un disparo me llegaron 8 balines. Asustado, me escapé de los policías, que minutos antes estaban gasificando a la gente. A los que caían, los arrestaban y los subían a la camioneta. Un balín perforó mi brazo y destrozó mi dedo. Luego me llegó a la cadera, a la rodilla, al estómago y dos a la espalda. El balín que perforó mi estómago hacía que perdiera fuerza”, relató Pillco.
Pillco fue internado en el hospital municipal Los Pinos, de La Paz. Hasta ese lugar llegaron dos bomberos (que en Bolivia conforman una rama de la policía), que estaban encapuchados. Sobre aquel episodio, el albañil revivió lo que siguió después:
“Entraron y dijeron: ‘enfermeras, váyanse, nosotros vamos a atenderlo’. Ellas se fueron y ahí los bomberos me dijeron: ‘¿Qué estabas haciendo ahí?, ¿quién te ha pagado?’.”
Pilco recordó: “Yo tenía una bandera del MAS amarrada a mi pierna para que pare la sangre. Un bombero me dijo: ‘Aquí está, vos eres masista, vos estabas bloqueando, hablá’. Y yo le contesté: ‘No, yo estaba yendo a trabajar’. ‘Mentira, mentira’, me dijeron y me empezaron a sopapear y a golpear de mi estómago. Uno de los bomberos, entonces, agarró la pinza, y como tenía una herida en el estómago, me punzó ahí y me hizo gritar. Me hizo sangrar. Ese bombero encapuchado me torturó: usó una pinza para hundirla en las heridas de balín que tenía”.
Al retirarse, los uniformados instruyeron a las enfermeras para que no lo atendieran. Felizmente, un médico se apiadó y lo operó. Le sacó diez centímetros de intestino comprometido por los balines. Para que no sea arrestado por la policía, en su historial médico le pusieron “operado de gastritis”.
La masacre de Sacaba
El puente de Huajllani se encuentra al ingreso de la ciudad de Cochabamba. Hasta ahí llegaron, el 15 de noviembre de 2019, miles de manifestantes, sobre todo del trópico cochabambino, que es la zona donde se encuentran los cocales, los cultivos de coca.
Horas después, la televisión mostraba las imágenes de cuerpos sin vida de once bolivianos. La Defensoría del Pueblo, en su informe sobre la vulneración de Derechos Humanos en Bolivia durante el lapso 2019-2020, señaló: “El 15 de noviembre de 2019, tres días después de que el gobierno interino tomara el mando, las fuerzas del Estado abrieron fuego contra una marcha que pasaba por la ciudad de Sacaba, dejando al menos once muertos y 120 heridos. Todos los asesinados y heridos eran civiles, indígenas. Ningún policía o soldado resultó herido. En respuesta, la presidenta interina Añez aprobó el Decreto Supremo 4078, que concedía inmunidad a las fuerzas de seguridad, provocando una condena generalizada por parte de la comunidad internacional”.
Las fuerzas del Estado abrieron fuego contra una marcha que pasaba por la ciudad de Sacaba, dejando al menos once muertos y 120 heridos. Todos los asesinados y heridos eran civiles, indígenas. Ningún policía o soldado resultó herido.
INFORME DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Uno de esos heridos fue Hernán Maldonado Rosales, de 30 años, afiliado al sindicato agrario Tamborada 3 del Trópico. Maldonado Rosales perdió la vista tras ser herido por un impacto de balín que le destrozó el ojo.
Maldonado recordó sobre aquella jornada: “Luego del golpe decidimos marchar primero a Cochabamba y luego a La Paz, porque se estaban violando todos los Derechos Humanos de nuestros hermanos de poncho y nuestras hermanas de pollera. Llegamos al puente de Huajllani y nos encontramos con policías, tanquetas y militares. No quisieron dejarnos pasar, estuvimos horas esperando. Ocho horas nos encerraron dentro del túnel. Ya era tarde, quisimos salir y nos empezaron a gasificar. Los más afectados fueron los niños y las mujeres”.
El cocalero agregó: “Muchas señoras se desmayaron por los gases y estaban botadas. Con otros compañeros las ayudamos, pero algunos cayeron muertos. Me armé de valor y de coraje y entré. Ya había ayudado a 5 personas, y cuando estaba auxiliando a otra, algo me llegó al ojo. Sentí dolor y que estaba caliente mi ojo. Caí hacia atrás unos tres metros. Llevé mis manos al ojo derecho, porque estaba pura sangre y tenía miedo de que se saliera. Llegaron varios policías, me patearon y perdí el conocimiento. Desperté dos días después”.
Para el exvicepresidente García Linera, los balines empleados eran parte del arsenal enviado por el entonces mandatario argentino, Mauricio Macri, a Bolivia.
El chico que soñaba con ser policía
Senkata es el distrito 8 de la ciudad de El Alto. Allí están instalados los depósitos de gas y gasolina de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Hasta esos almacenes se movilizaron vecinos alteños durante varios días.
El 19 de noviembre, buscando evitar el desabastecimiento de carburantes, el gobierno de facto ordenó el ingreso violento de cisternas para transportar los energéticos. Ante la movilización, uniformados dispararon balas, balines y gases lacrimógenos. Murieron otros once manifestantes y, como remarcó el informe de la Defensoría del Pueblo, ni un sólo uniformado fue herido.
Fue la segunda vez en lo que va del milenio que los uniformados de Bolivia dispararon contra los manifestantes de esa zona. Senkata también ostenta muertos en la llamada masacre de El Alto cuando el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada ordenó disparar contra los alteños que se oponían a la exportación de gas a California a través de puertos chilenos. El resultado fue más de 60 muertos y centenares de heridos.
El 19 de noviembre de 2019 se produjo la mueva matanza.
Este el testimonio de María Condori, madre de Rudy Cristian Vásquez Condori, de tan solo 23 años: “Yo tengo este dolor porque me arrebataron a mi hijo. Mi hijo no ha ido a participar ni nada. Estaba de pasada a ver a su tío y le dieron un disparo. La bala le entró por la frente. Este dolor que sufro como mamá nadie lo puede entender. Tengo una rabia contenida por no encontrar Justicia para mi hijo. Tenía 23 años. Era un joven alegre, trabajador y deportista. Tenía el sueño de ser un general de policía, para ayudar a su familia y su madre. Estos porquerías me lo han arrebatado, tengo una rabia contenida al no encontrar Justicia”.
Por último, la madre, dolida, añadió: “Mi hijo fue trasladado a la posta sanitaria de Senkata, luego en una ambulancia lo llevaron al Hospital Holandés y después a una clínica particular, pero los médicos no quisieron atenderlo por la falta de un especialista, y al final lo llevaron hasta el Hospital General, donde quisieron salvarle la vida pero ya era tarde, porque había fallecido en el trayecto. Ahora sólo pido Justicia”.
La impostura de Almagro
El miércoles pasado, durante una reunión virtual del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el secretario general Luis Almagro pidió un minuto de silencio por los muertos en Senkata y Sacaba.
Almagro recién habló de estos sucesos 18 meses después de que ocurrieran.
Un día antes de que comenzaran esas masacres, ocurridas entre el 11 y el 19 de noviembre de 2019, el titular de la OEA había difundido los “resultados preliminares” del informe del organismo sobre las elecciones presidenciales de Bolivia que se habían realizado el 20 de octubre de ese año.
El último miércoles, tras el minuto de silencio pedido por Almagro, el embajador boliviano ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, calificó esa posición de "impostura".
"Considero una gravísima impostura que una persona que ha defendido los informes que han causado la muerte de bolivianos inocentes finalmente sea quien haya planteado un minuto de silencio”, cuestionó el diplomático.
