El sistema energético argentino se encamina a un invierno bajo máxima presión. La Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas (APJGas) lanzó una contundente advertencia sobre la posibilidad de cortes en el suministro de gas entre mayo y septiembre, señalando como responsables directos a la inacción oficial y a la dependencia extrema de las fluctuaciones del mercado internacional en tiempos de guerra.
El costo de la "ceguera" geopolítica
Para el gremio, el Gobierno ha desatendido las señales de alerta que el contexto global viene enviando. En un escenario donde el conflicto en Medio Oriente ha disparado el valor del Gas Natural Licuado (GNL) y tras el ataque que dejó fuera de servicio a una planta estratégica en Qatar, Argentina se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
La entidad sindical sostiene que, aunque el país produce gas suficiente para su consumo, la carencia de infraestructura de transporte y la demora en las compras anticipadas han creado un cuello de botella. "Desmantelar el Estado tiene un precio que no pagan los funcionarios, sino los usuarios", sentenciaron desde la organización.
Crónica de dos intentos fallidos
El informe de APJGas detalla lo que consideran los dos grandes errores de gestión que precipitaron la crisis actual:
El desplazamiento de Enarsa: El gremio denunció un intento inicial de priorizar a agentes comercializadores privados en lugar de la estatal Enarsa. La maniobra, según indican, buscaba sumar costos extra a las facturas, pero la escalada de precios internacionales obligó al Gobierno a retroceder y solicitar de urgencia la importación de 23 cargamentos de gas para 2026.
Subastas desiertas: El Ejecutivo intentó que las grandes industrias y distribuidoras asumieran el costo del gas importado a precios que quintuplicaban los valores locales (cerca de 20 dólares el millón de BTU). Ante la negativa de los privados a convalidar estos montos, las subastas quedaron vacías, dejando al sistema eléctrico (Cammesa) como el único comprador forzado, lo que terminará impactando en las boletas de luz.
85 días bajo amenaza
El panorama para el sector productivo es sombrío. Las distribuidoras ya han notificado a las grandes industrias que existe una ventana de riesgo de 85 días durante la cual el suministro podría interrumpirse o verse condicionado a la compra de combustible mucho más caro, lo que inevitablemente se trasladará al precio final de los productos de consumo masivo.
Desde APJGas, liderada por Rubén Ruiz, hicieron un llamado a la unidad entre trabajadores y usuarios frente a lo que consideran una transferencia de recursos hacia las petroleras. "Creer que nuestra ubicación geográfica nos exime de las consecuencias de las guerras es una ingenuidad que hoy estamos pagando muy cara", concluyó el comunicado.
