La Legislatura provincial aprobó una reforma al Código Contravencional para involucrar directamente a los tutores en la resolución de la violencia escolar. La medida surge en un clima de alerta tras graves episodios de inseguridad en aulas de otras provincias.

La provincia de Salta ha decidido endurecer su postura frente al acoso escolar mediante una modificación legislativa que traslada parte de la responsabilidad legal a los adultos a cargo. La Cámara de Diputados dio luz verde a una normativa que establece sanciones económicas, tareas comunitarias y, en casos extremos, hasta 30 días de arresto para los padres que se desentiendan de las conductas violentas de sus hijos.

La reforma busca terminar con la inacción familiar ante las notificaciones de los establecimientos educativos. Según los fundamentos del proyecto, la intervención judicial se activará cuando los tutores ignoren los llamados de las escuelas o se nieguen a colaborar en los procesos de abordaje del conflicto.

Escala de sanciones y compromiso familiar

El nuevo esquema legal no busca la penalización automática, sino garantizar la comparecencia de los responsables ante la justicia. Los jueces de faltas podrán disponer:

·Multas económicas proporcionales a la gravedad del caso.

·Asistencia obligatoria a tratamientos psicológicos o talleres de convivencia.

·Arresto domiciliario o efectivo de hasta un mes, solo como última instancia ante el incumplimiento reiterado de las órdenes judiciales.

Desde el ámbito parlamentario aclararon que el espíritu de la ley es preventivo, procurando que el entorno familiar se transforme en un actor clave para frenar el hostigamiento sistemático antes de que derive en hechos irreparables.

El detonante: la tragedia en Santa Fe

El debate en el recinto salteño estuvo marcado por la conmoción que generó un tiroteo ocurrido recientemente en San Cristóbal, Santa Fe. En ese incidente, un adolescente de 15 años —quien presuntamente era víctima de acoso sistemático— abrió fuego en su colegio, terminando con la vida de un niño de 13 años.

La investigación de ese caso reveló un entorno familiar de alta conflictividad y la aparente ausencia de figuras de contención, lo que sirvió como argumento para que los legisladores salteños insistieran en que la violencia escolar no puede ser gestionada únicamente por los docentes. La nueva ley en Salta apunta, precisamente, a detectar y sancionar la negligencia parental antes de que el clima escolar escale hacia niveles de peligrosidad extrema.

El proyecto ya fue remitido al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación definitiva, marcando un precedente en la gestión de la convivencia educativa a nivel regional.