Este 24 de marzo, la conmemoración de los 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar se transformó en una de las convocatorias más potentes de las últimas décadas. Bajo una atmósfera de profunda tensión política, una heterogénea columna de gremios, organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales ocupó los centros urbanos de todo el país para reafirmar el compromiso con la democracia y expresar un rotundo rechazo a las posturas del actual Poder Ejecutivo.
El choque de narrativas
La jornada estuvo atravesada por la respuesta directa a la comunicación oficial de la Casa Rosada. La difusión de un video gubernamental que propone revisar la "historia completa" del proceso dictatorial fue el principal combustible de las consignas en la calle.
Desde el sector sindical, Rodolfo Aguiar, titular de ATE, fue tajante al desestimar el planteo del Gobierno: “A 50 años no hay nada que completar ni nada que explicar; solo manifestar el repudio absoluto al genocidio", sentenció. El dirigente advirtió además sobre un progresivo debilitamiento de la institucionalidad, señalando que la democracia argentina atraviesa un momento de fragilidad inédito en su historia reciente.
Las voces del sector pasivo y la "tercera posición"
Un actor central en la movilización fue el bloque de los jubilados, quienes se encolumnaron de forma independiente bajo la bandera del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ). En ciudades como Catamarca y Buenos Aires, el sector pasivo recordó que entre las 30.000 víctimas del terrorismo de Estado se encuentran miles de trabajadores que hoy deberían estar marchando junto a ellos.
En un comunicado cargado de definiciones políticas, el espacio EMVJ marcó distancia de todas las gestiones estatales, exigiendo:
·La apertura irrestricta de los archivos del periodo 1974-1983.
·Cárcel común y efectiva para todos los responsables de crímenes de lesa humanidad.
·La restitución de identidad de los nietos apropiados y justicia por la desaparición de Jorge Julio López.
Un cierre con exigencias políticas
La jornada culminó con la lectura de un documento unitario en la Plaza de Mayo, donde se vinculó la memoria histórica con la coyuntura económica actual. Las críticas no solo apuntaron al "negacionismo" que las organizaciones atribuyen a la fórmula presidencial de La Libertad Avanza, sino también al impacto de las políticas acordadas con el FMI y el rol de los gobernadores provinciales.
A 50 años del quiebre institucional de 1976, la calle envió un mensaje claro: la memoria colectiva se mantiene como un activo social que excede las efemérides y se posiciona como una herramienta de resistencia frente a los cambios de paradigma cultural que intenta impulsar la actual administración.
