La diputada y exintegrante del bloque libertario, Marcela Pagano, decidió robustecer la causa penal que pesa sobre el Jefe de Gabinete de la Nación. En una presentación que promete sacudir los despachos de la Casa Rosada, la legisladora aportó elementos que señalan la presunta existencia de una vivienda de lujo perteneciente a Manuel Adorni en un exclusivo barrio privado, la cual habría sido omitida de manera sistemática en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción.
El escrito, radicado ante el Juzgado Federal Número 1 bajo el expediente por enriquecimiento ilícito, pone el foco sobre un inmueble de dos plantas ubicado en el Country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Según la investigación impulsada por Pagano, la propiedad se encuentra situada estratégicamente a escasos metros del hoyo 17 de la cancha de golf y presenta una estética característica en tonos gris verdoso. La gravedad del hallazgo radica en que esta finca no figura en ninguna de las declaraciones juradas patrimoniales integrales que el funcionario ha presentado en el ejercicio de su cargo, lo que configuraría una grave falta a la transparencia pública.
La pesquisa que sustenta esta ampliación se apoya en una serie de testimonios y datos registrales que vinculan directamente al entorno familiar del Jefe de Gabinete con el lote número 380 del mencionado emprendimiento residencial. Los registros indican que las expensas de dicha unidad habrían comenzado a figurar a nombre de Bettina Angeletti, cónyuge del funcionario, lo que sugiere una relación de dominio o posesión que el matrimonio nunca informó a las autoridades competentes. Esta omisión resulta especialmente llamativa al contrastarse con la última declaración jurada pública de Adorni, correspondiente al ejercicio 2024, donde solo consignó la titularidad compartida de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una unidad funcional en La Plata, sin rastro alguno de activos en barrios cerrados.
El análisis patrimonial presentado por la diputada subraya una inconsistencia insalvable entre los ingresos del funcionario y su nivel de vida actual. El documento judicial resalta que los sueldos públicos de Adorni resultan manifiestamente insuficientes para sostener, de manera simultánea, el alquiler en un country de alta gama, la construcción de una vivienda propia cuyos valores de mercado oscilan entre los 129.000 y 249.000 dólares, y gastos suntuarios de alto perfil. Entre estos últimos se mencionan vuelos privados a Punta del Este con costos cercanos a los 10.000 dólares y pasajes premium para su pareja hacia Nueva York, mientras que sus ahorros declarados en moneda extranjera se mantuvieron estáticos en 48.720 dólares durante dos años de gestión.
Ante este escenario, la presentación tipifica una serie de delitos que complican la situación procesal del Jefe de Gabinete, incluyendo enriquecimiento ilícito de funcionario público, falsedad ideológica de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario y violación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, Pagano solicitó al magistrado interviniente una batería de medidas de prueba que incluyen pedidos de informes al Registro de la Propiedad Inmueble, a la administración del country y a organismos de control como ARCA y la Unidad de Información Financiera.
Incluso, la solicitud judicial contempla una inspección ocular con peritos oficiales en el predio de Exaltación de la Cruz y la toma de declaraciones testimoniales a los vecinos del lote 380 para ratificar la presencia habitual del funcionario en el lugar. Como medida de resguardo, la denunciante también exigió el embargo preventivo y la inhibición general de bienes tanto para Adorni como para su esposa, buscando asegurar que el patrimonio bajo sospecha no sea alterado mientras avanza una causa que ya investigaba al vocero por la falta de presentación de su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025.
