En un fallo con fuertes implicancias para el sector industrial de Corrientes, el Juzgado Laboral de Goya dictó una medida urgente para salvaguardar los derechos de los operarios de la planta Emilio Alal SACIFI. Tras el cierre de la histórica fábrica el pasado 25 de enero, la justicia decidió intervenir ante la parálisis en los pagos de las liquidaciones finales.
El fallo del Juez Ariel Brest
La resolución responde a una "medida autosatisfactiva" presentada por los damnificados ante el riesgo inminente de quedar sin cobertura legal ni económica. Los puntos centrales del dictamen incluyen.
La compañía dispone de un máximo de diez días para transferir 142 millones de pesos a una cuenta oficial en el Banco de Corrientes.
Este monto representa la mitad de las indemnizaciones que la propia firma reconoció adeudar, pero que no había hecho efectivas.
Para evitar el desvío de fondos o la desaparición de activos, el juez ordenó el bloqueo legal sobre los bienes de la empresa por el total del reclamo.
La advertencia: del embargo al remate
La justicia fue tajante: si la textil no cumple con el depósito en el tiempo establecido, se habilitará automáticamente la instancia de subasta pública de los bienes embargados. Esta medida busca eliminar cualquier maniobra de dilación por parte de la patronal y asegurar que los fondos lleguen a manos de los 260 trabajadores despedidos.
Un alivio parcial en medio de la crisis
Desde la representación gremial y legal de los empleados aclararon que, aunque el fallo es un paso positivo, la lucha no ha terminado. "Esta resolución garantiza un primer desembolso ante la mora evidente de la empresa, pero seguiremos litigando por el pago del 100% de lo que dicta la ley", expresaron tras conocerse la sentencia.
El cierre de esta planta centenaria se ha convertido en un caso testigo en la provincia, marcando un límite judicial frente a las desvinculaciones masivas que dejan a cientos de personas en la precariedad absoluta sin previo aviso.
