Bajo el microscopio de la periodista Estefanía Pozzo, la realidad del mercado de trabajo en Argentina revela una dinámica alarmante: el sector formal está perdiendo un integrante cada cuatro minutos. Este ritmo de destrucción no es casual, sino el resultado directo de un cambio de paradigma en las reglas de juego económicas bajo la administración de Javier Milei.

Utilizando las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el análisis de Pozzo arroja que, entre fines de 2023 y el mismo periodo de 2025, desaparecieron 273.000 empleos blancos.

Lo preocupante es que esta cifra no solo se explica por despidos directos. Se trata de una erosión multidimensional: vacantes que no se cubren tras una jubilación, renuncias de empleados que las empresas deciden no reemplazar y una parálisis generalizada en la contratación. Es un sistema que, en lugar de renovarse, se está achicando por goteo constante.

El cierre de empresas como política de Estado

El informe pone el foco en una cifra que ilustra el daño estructural: casi 21.000 empresas dejaron de figurar en los registros oficiales desde el inicio del actual mandato. Esta "mortandad" de unidades productivas responde a una pinza económica:

·Por un lado, una carga tributaria que no da tregua al productor local.

·Por el otro, una apertura de importaciones que expone a las PyMEs a una competencia desigual, sin herramientas para defenderse.

La demanda como blanco del plan económico

Para Pozzo, este escenario no es un error de cálculo. Es una pieza fundamental del engranaje antiinflacionario del Gobierno. Al secar la calle de dinero y deprimir el consumo, se obliga a los productores a "pisar" sus precios para no perder las pocas ventas que les quedan. En ese proceso de supervivencia, la variable de ajuste más inmediata termina siendo la nómina de empleados.

Finalmente, el análisis desmantela la idea de que quitar derechos laborales ayudará a que los trabajadores "en negro" pasen a la legalidad. Según la periodista, el objetivo de las reformas impulsadas no es incluir a los que están afuera, sino perforar el piso de derechos de quienes ya están adentro.

La conclusión es tajante: cuando se degradan las condiciones básicas de trabajo, no se atrae a la informalidad hacia el sistema, sino que se empuja a todo el mercado laboral hacia la precariedad generalizada.