Egresaron a fines de diciembre pasado pero continúan internados bajo un régimen estricto, sin cobrar el sueldo prometido y con la prohibición de usar teléfonos celulares.
Una situación de extrema incertidumbre afecta a 207 aspirantes a agentes de seguridad en la provincia de Neuquén. Familiares de los jóvenes, que egresaron oficialmente el pasado 22 de diciembre de 2025, denuncian estar atravesando un escenario de abandono institucional y precariedad económica que afecta tanto su formación como su dignidad personal.
El régimen de internación y silencio
Tras su egreso, los nuevos agentes regresaron a la Escuela de Formación de Plaza Huincul, donde permanecen bajo un régimen de aislamiento estricto. Según la información disponible, se les ha impuesto la prohibición del uso de teléfonos celulares y restricciones para comunicarse con el exterior, una medida que busca evitar la exposición mediática de la realidad que viven dentro de la institución.
Este encierro les impide, además, realizar cualquier tipo de trabajo secundario o digno fuera de la escuela para poder sostenerse económicamente.
El conflicto económico: becas que no alcanzan
La principal preocupación de los aspirantes y sus familias radica en el incumplimiento de las promesas salariales.
A pesar de que se les aseguró que en enero comenzarían a percibir su sueldo de agentes, el decreto de nombramiento aún no ha sido firmado por el gobernador.
Actualmente, solo reciben una beca de $400.000 pesos, cifra que resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.
Se les ha exigido alquilar viviendas en la provincia de Neuquén para sus futuros destinos, con costos que oscilan entre $1.000.000 y $1.500.000 mensuales.
Un pedido de visibilización
La situación emocional de los jóvenes es descrita como "desgarradora", ya que muchos de ellos provienen del interior de la provincia y no cuentan con recursos para afrontar el endeudamiento que les genera la obligación de alquilar sin un salario real.
"Esta publicación no busca atacar, busca visibilizar", sostienen quienes denuncian y afirman que "la vocación de servicio de estos 207 ciudadanos no puede ser pagada con hambre e incertidumbre".
