Mendoza se ha convertido en la provincia argentina pionera en llevar a la Justicia a padres por el incumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación de sus hijos. El Ministerio de Salud provincial confirmó la presentación de las diez primeras denuncias judiciales en un contexto de creciente preocupación sanitaria por el resurgimiento de patologías como el sarampión y la tos convulsa.
Esta drástica medida surge como respuesta a la persistente baja en las tasas de inmunización y el consecuente aumento de contagios, especialmente en la población infantil. El ministro de Salud, Rodolfo Montero, confirmó la acción en rueda de prensa, señalando que la finalidad primordial es proteger el derecho a la salud de los menores. Subrayó la gravedad del panorama nacional, que ya registra decesos infantiles por tos convulsa y rebrotes de sarampión, enfermedad que se consideraba erradicada desde 2016.
El protocolo judicial y las sanciones
La iniciativa mendocina, reglamentada en agosto de 2025 mediante la Resolución 2572, sienta un precedente a nivel país. Las denuncias, radicadas ante la Justicia Civil, se fundamentan en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y confirma que el bien superior de la salud pública debe prevalecer sobre la voluntad individual.
Según el protocolo vigente, los padres o tutores denunciados son citados a una audiencia obligatoria ante el tribunal. En este encuentro, un equipo sanitario les informa sobre los serios riesgos para la salud pública que implica la falta de inmunización. Se les concede un plazo de 30 días para regularizar el esquema de vacunación de sus hijos.
En caso de persistir el incumplimiento, las autoridades remiten el caso al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y se aplican las sanciones estipuladas en el Código de Contravenciones de Mendoza. Estas incluyen:
·Multas que oscilan entre USD 84.000 y USD 336.000.
·Posibilidad de hasta cinco días de arresto.
·Obligación de realizar trabajos comunitarios en centros de salud.
Las penalidades pueden ser duplicadas o triplicadas en situaciones de reincidencia.
Brecha en la cobertura
Iris Aguilar, responsable del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, aclaró que la meta no es punitiva, sino preventiva: "No buscamos castigar, sino proteger a los chicos", afirmó, destacando que el juez es quien finalmente decide las acciones.
Aguilar identificó el principal déficit en las dosis que corresponden a los quince meses, atribuido a una menor frecuencia en los controles de salud infantil. Si bien la cobertura en la población escolar supera el 80% (un índice "aceptable"), la funcionaria insiste en que se requiere superar el 95% para evitar la reaparición de enfermedades controladas.
La preocupación se extiende a la población adolescente, cuya cobertura de vacunación ronda apenas el 75%. El caso más evidente es el de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH): la primera dosis alcanza el 66,98% en niñas y el 60,92% en varones, pero la segunda dosis cae drásticamente al 34,62% y 27,82%, respectivamente.
A pesar de haber recibido amenazas de grupos antivacunas tras la publicación de la resolución, Aguilar ratificó la postura oficial: la vacunación es una responsabilidad colectiva que salva vidas. El Ministerio de Salud instó a la ciudadanía a desestimar los "pseudo relatos científicos" y la información falsa, asegurando que las vacunas deben aplicarse "más allá de la voluntad de los padres", siendo deber del Estado garantizar su cumplimiento.
