Imagen
La situación en el Frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez, en el sur santafesino, ha escalado a una nueva fase de crisis terminal. Alrededor de 160 trabajadores del sector de tripas para embutidos han iniciado una toma pacífica de las instalaciones y permanecerán en el establecimiento hasta obtener respuestas de los dueños, luego de que la empresa incumpliera un acuerdo de pago salarial reciente.

La firma no depositó los haberes correspondientes a octubre, a pesar de haberse comprometido a regularizar la situación y garantizar las fuentes de empleo hasta el 31 de enero de 2026 en una audiencia celebrada el lunes pasado ante el Ministerio de Trabajo provincial.

El gobierno sin herramientas y la deuda de los dueños

La medida de fuerza busca forzar la aparición de los titulares de la firma, Guillermo Salimei y Néstor González. El delegado gremial, Walter Navarro, fue enfático: "Decidimos entrar a la empresa y quedarnos acá a pasar la noche hasta que aparezcan [...] y nos den una explicación o digan cómo está la situación".

Desde la cartera de Trabajo provincial se confirmó la situación crítica, reconociendo que "ya se agotaron todas las instancias de conciliación posible". El reiterado patrón de incumplimiento por parte de la empresa cada vez que se alcanza un pacto está erosionando las herramientas institucionales del Estado.

Los operarios de Euro no solo reclaman el cobro inmediato de los salarios adeudados, sino el restablecimiento de un diálogo contractual que garantice la continuidad laboral, dado que la planta opera en un contexto de vulnerabilidad extrema.

Crónica de un achique: De 700 a 160 empleados

El conflicto actual se inscribe en un profundo declive de la compañía, que en sus momentos de esplendor llegó a emplear a unos 700 trabajadores. La planta, que el año pasado contaba con 270 empleados, hoy apenas mantiene a 160.

La crisis del diálogo se agudizó tras el desplazamiento del interlocutor gremial dentro del área de Recursos Humanos. Adicionalmente, la empresa ejecutó dos tandas de despidos que afectaron a 52 operarios. Si bien la intervención gremial y ministerial logró reincorporar a la mayoría, estos quedaron bajo el régimen de “garantía horaria” del Convenio Colectivo, lo que significa que no están realizando tareas productivas y solo reciben un porcentaje de su sueldo.

Los trabajadores advierten que sostendrán la movilización y la toma hasta que se respete el pacto que firmaron ante las autoridades.