Una diputada santafesina impulsa la reforma de la ley provincial de acoso escolar para imponer responsabilidades y sanciones directas a los tutores de los alumnos agresores. La iniciativa también contempla la obligatoriedad de talleres de concientización parental en los centros educativos.

La Legislatura de Santa Fe recibió una propuesta destinada a fortalecer la prevención y erradicación del acoso y ciberacoso escolar. Presentado por la diputada Natalia Armas Belavi, del bloque Vida y Familia, el proyecto busca introducir cambios sustanciales a la Ley provincial N° 13.674 de 2017, poniendo el foco en la responsabilidad activa de las familias.

La legisladora argumenta que el acoso escolar constituye una forma de violencia grave, capaz de provocar daños psicológicos severos e incluso, en casos extremos, conducir al suicidio de las víctimas, un drama que, según indicó, afecta especialmente a la provincia. Por ello, la propuesta se centra en generar un marco legal que asegure la intervención inmediata del Estado y comprometa a los adultos responsables.

Sanciones y compromiso comunitario

La iniciativa de Armas Belavi articula una serie de medidas de alcance progresivo, comenzando siempre con el diálogo y estrategias de mediación profesional. Sin embargo, ante el incumplimiento o la falta de cooperación de los adultos, se aplicarán medidas más drásticas que incluyen:

·Trabajo Comunitario: Imposición de tareas en la institución educativa, como mantenimiento, limpieza o pintura.

·Multas Económicas: Sanciones que oscilan entre $110.000 y $5.400.000. Los fondos recaudados se destinarán a una reserva provincial creada para la prevención y asistencia integral a las víctimas.

·Intervención de Niñez: La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia podrá aplicar sanciones a los padres o tutores del agresor en caso de inasistencia o falta de acatamiento de las medidas correctivas.

Según el documento, los objetivos primordiales son "prevenir y erradicar el acoso", garantizar la participación activa de las familias en la detección y corrección de las conductas, y ofrecer la debida protección integral, tal como lo establece la Ley nacional 26.061.

Talleres anuales obligatorios

Un punto central de la propuesta es la inclusión de la capacitación parental obligatoria. La diputada plantea que todos los establecimientos, sean estos de gestión pública o privada, deberán implementar entre dos y tres talleres anuales dirigidos a padres y tutores. El propósito de estas instancias es proporcionar herramientas para la detección temprana de las conductas de acoso, tanto si el niño es víctima como si es victimario.

De ser aprobada, la normativa establecerá que las escuelas tendrán la obligación de notificar inmediatamente al Ministerio de Educación y a los tutores ante la detección de cualquier situación de acoso, poniendo en marcha un protocolo con apoyo de equipos psicosociales y talleres de mediación profesional.