Un caso sin precedentes sacude a San Luis: una mujer que esperaba el pago de la cuota alimentaria recibió por error una transferencia de $510 millones de pesos por parte del Gobierno provincial. La sorpresa inicial de Verónica Acosta, la receptora, se convirtió rápidamente en un calvario legal, siendo imputada junto a cinco familiares y allegados por defraudación al Estado, tras gastar parte del dinero en cuestión de horas.
En menos de 48 horas de la transacción, la cuenta de Acosta fue congelada, su casa allanada y los celulares de sus hijos incautados. Ahora, tanto ella como las otras cinco personas deben pagar una fianza de $30 millones cada una para evitar la prisión, sumando un total de $180 millones. "No somos ladrones. Si el Gobierno se equivocó, ¿por qué pagamos nosotros?", expresó Acosta, visiblemente indignada por la situación.
El contador que realizó la transferencia errónea fue quien luego denunció el error, y según la defensa, hasta el momento no pesa ninguna imputación sobre él. El Gobierno provincial logró recuperar el 90% del dinero, parte devuelta voluntariamente y el resto rastreado en billeteras virtuales.
Desde la Fiscalía de Estado, representada por el abogado Flavio Ávila, se sostiene que hubo intentos previos de contacto para alertar sobre la equivocación, pero no recibieron respuesta. "La buena fe hay que demostrarla con hechos", señaló Ávila.
La defensa: "Un error del Estado que quieren cargar a gente humilde"
La defensa de Verónica Acosta y los demás acusados sostiene firmemente que no existió ninguna maniobra fraudulenta. Califican a sus defendidos como "personas humildes, sin antecedentes, con domicilio" que "nunca actuaron de mala fe". Insisten en que no se trata de una red de estafadores, sino de un "error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes".
Según el abogado defensor, Verónica Acosta "nunca fue notificada por una devolución, por un error, por nada" antes de las acciones judiciales. La familia se enteró de la magnitud de la situación "cuando les realizan el allanamiento con las detenciones y el secuestro de todos los elementos que habían comprado".
Sobre la fianza impuesta, la defensa y los acusados la consideran "exorbitante e imposible de cumplir". La jueza exigió a cada uno de los seis imputados el depósito de 30 millones de pesos en un plazo de tres días hábiles para no quedar detenidos. El letrado defensor criticó la desproporcionalidad de esta medida, especialmente aplicada a "gente humilde". También comparó su situación con la de figuras políticas de alto perfil que enfrentan acusaciones graves y están en libertad, sugiriendo que sus defendidos son "perejiles" a los que se les quiere aplicar "todo el peso de la ley".
Tanto la imputación como el monto de la caución han sido apelados por la defensa. Mientras se espera una resolución, las familias afectadas, que incluyen niños pequeños, personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad, viven bajo la amenaza de volver a prisión. Verónica Acosta reiteró: "No somos ladrones. No sabíamos que esa plata era del Gobierno. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro".
