La justicia dio a conocer el fallo por el cual una odontóloga fue condenada por mala praxis.

El suceso comenzó a desarrollarse en julio de 2017, en el servicio de odontopediatría del Hospital Rawson, en San Juan. Ese día, María Lara, llegó al centro médico con su hijo de 5 años que presentaba un fuerte dolor dental y fiebre.

La odontóloga que lo atendió halló un flemón en la región facial y localizó la infección en el elemento 84, un molar de leche afectado por caries. Ante la imposibilidad de realizar una intervención completa debido a la ansiedad del menor, la profesional practicó una apertura cameral para facilitar el drenaje de la infección y prescribió antibióticos. “Al día siguiente, tras observar que el cuadro no había mejorado, solicitó la internación del menor en el Sanatorio Argentino, donde recibió antibióticos vía endovenosa durante 48 horas”, detalló Piozzi.

El 8 de julio, luego de la estabilización del cuadro febril, el nene recibió el alta médica con indicación de seguimiento ambulatorio con pediatría y odontología. En las semanas posteriores, sus padres buscaron una nueva opinión profesional para reparar la muela dañada y no tener que volver a pasar por la misma situación.

La extracción de las doce piezas dentarias fue realizada por la odontóloga Romina Pellice en la clínica CIMYN. “Por miedo a que volviera a tener dolor, los padres lo llevan a lo de la dentista Romina Pellice. Llegan recomendados a la Clínica San Blas. La profesional no logró ver la boca del niño porque era inquieto, pero la madre le explica lo que pasó. En la segunda consulta, tampoco logra revisarlo del todo. Entonces, la odontóloga sugiere extraer la muela partida en quirófano en el Sanatorio CIMYN, el 14 de septiembre”, recordó.

De acuerdo con lo acreditado durante el juicio, Pellice no brindó detalles sobre la cantidad exacta de piezas a extraer ni sobre tratamientos alternativos posibles. Solo informó que tras la cirugía, el nene necesitaría una prótesis llamada mantenedor de espacios, destinada a conservar el lugar de las piezas hasta que erupcionaran los dientes permanentes.

“El niño ingresó al quirófano para que le extrajeran una muela. Salen del quirófano después de una hora y le entregan a la madre un frasco con 12 piezas dentales. Dicen que hubo una gran infección y que actuaron de urgencia, pero era una cirugía programada. El niño había entrado sin dolor, sin fiebre, sin inflamación. Todo esto fue una decisión unilateral sin consentimiento”, se lamentó Piozzi.

Si bien al menor deberían haberle aplicado anestesia local, los padres se encontraron con que lo habían intubado. “Le hicieron anestesia general sin informar. Después de la cirugía, las doctoras desaparecen del sanatorio. No dejaron indicaciones médicas ni recetas. La pediatra del sanatorio le dio el alta sin saber cómo proceder”, enfatizó la abogada.

“La extracción masiva de piezas dentales afectó severamente la calidad de vida del menor, que presentó dificultades para masticar, alimentarse y hablar. También se alteró su digestión, su curva de crecimiento y su desarrollo del lenguaje. El daño fue más allá de lo físico”, precisó a Infobae la abogada de la familia del nene, Yamila Piozzi, al referirse al daño psicológico que padeció el menor.

En el ámbito escolar, la imagen del niño sin dientes fue motivo de burlas por parte de sus compañeros, lo que agravó su estado emocional. “La situación provocó una merma en su autoestima y un cambio en su conducta social”, precisó Piozzi al poner como ejemplo que el menor abandonó los deportes que practicaba en ese momento.

A ocho años de esa intervención quirúrgica, la jueza de la Unidad de Finalización de Causas del Sistema Mixto de San Juan, Ana Carolina Parra, condenó a la odontóloga a un año de prisión en suspenso, y la inhabilitación para desempeñar y/o ejercer la profesión por el término de un año.

En su fallo, el tribunal consideró que Pellice actuó con imprudencia profesional, excediéndose en su función: “La odontóloga ingresó al quirófano sin conocer el estado real de la boca del paciente y no trazó un plan de trabajo. Tomó decisiones sin evaluar otras alternativas y sin el consentimiento informado de los padres”.

Si bien al menor deberían haberle aplicado anestesia local, los padres se encontraron con que lo habían intubado. “Le hicieron anestesia general sin informar. Después de la cirugía, las doctoras desaparecen del sanatorio. No dejaron indicaciones médicas ni recetas. La pediatra del sanatorio le dio el alta sin saber cómo proceder”, enfatizó la abogada.