Por: Patricio Petrini
Una inspección había detectado serias irregularidades meses atrás. En octubre se resolvió su clausura. La muerte de un hombre en una residencia para adultos mayores descubrió una trama de irregularidades, que también forman parte del expediente judicial en trámite.
El triste suceso fue denunciado por la familia de la víctima, a partir de algunas sospechas, y llevó a la concreción de un allanamiento en la vivienda ubicada en el kilómetro 3,770 de la avenida Bustillo de San Carlos de Bariloche.
El allanamiento le permitió al fiscal del caso, Marcos Sosa Lukman, recuperar medicamentos, historias clínicas, documentación y elementos de la víctima. Este miércoles continuaron las averiguaciones que engrosarán la investigación.
Esta mañana , LN+ Bariloche pudo confirmar que el establecimiento no solo no contaba con la habilitación comercial que otorga el Municipio, sino que, a partir de una serie de actuaciones que comenzaron en mayo de este año, tenía una orden de clausura desde comienzos de octubre pero que no se ejecutó a tiempo.
¿Qué le reprochaban al geriátrico?
La intervención de los inspectores municipales tiene un historial que comienza en 2021. La última vez fue en agosto de este año, cuando se le pidió a la dueña del geriátrico presentar la documentación necesaria para contar con habilitación y realizar algunas “adecuaciones” en el lugar.
Sin embargo, ante la falta de respuesta a los requerimientos, los agentes regresaron en septiembre y certificaron la existencia de paredes con daños provocados por la humedad, una heladera que no estaba en condiciones, falta de higiene no solo dentro del hogar sino en el predio y advirtieron sobre la precariedad de la instalación eléctrica. Si bien en el momento se ordenó una clausura preventiva, esta acción se reconsideró ya que no podían trasladar a las personas alojadas.
A pesar de los señalamientos y los pedidos formales, la titular no aportó prueba alguna que pudiera revertir la clausura. De hecho, el trámite administrativo continuó y desde el Juzgado de Faltas se elevó la orden a Jefatura de Gabinete, que es el área encargada de ejecutar lo resuelto, por cuestiones de salubridad pública.
Las sucesivas observaciones fueron computadas en módulos fiscales y se condenó a la dueña del geriátrico a pagar una multa que superó los dos millones de pesos.
Finalmente, el 4 de octubre pasado, se confirmó la clausura del lugar y se remitió el expediente completo al Ejecutivo Municipal para que finalice el proceso.
Este miércoles se esperaba que el fiscal mantuviera un encuentro con la familia de la víctima, quienes llegaron a Bariloche en las últimas horas. (Ampliaremos)
