Somos Télam
El programa de Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (Atajo) atendió casi 80 mil consultas desde que fuera creado en 2014, brindando asistencia en barriadas populares de todo el país, a partir del trabajo de sus equipos de abordaje comunitario.
Desde de la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Julián Axat, se elaboró un informe sobre esta década de labor, presentando “valores cuantitativos, pero también el universo cualitativo, donde se encuentran casos testigos”, dentro del total de 78.483 consultas que se atendieron.
En el documento, al que tuvo acceso Somos Telam, se señaló que las consultas en las oficinas descentralizadas de Atajo se multiplicaron durante estos diez años, alcanzando en 2022 un pico de 13.712.
Año por año
Tal como se detalló, la evolución anual arrojó las siguientes cifras: en 2014, 1232 consultas tramitadas; 2015, 4.126; 2016, 5.342; 2017, 7.021; 2018, 7.458; 2019, 8.612; 2020, 7.739; 2021, 10.362; 2022, 13.712; y 2023, 13.024.
En relación a las formas en que se concretaron las consultas lo encabezan las demandas espontáneas presenciales con 64,61% de los casos (en total, 50.704) y le siguen demandas espontáneas virtuales, con 13,01% (10.212); la derivación de otras agencias, con 10,99% (8.626); y la derivación de agencia religiosa con 5,36% (4.206).
De acuerdo con el informe, la vulnerabilidad de quienes consultan se traduce, entre otros factores, en el nivel educativo alcanzado, ya que más del 65% no tiene estudios secundarios completos y en el orden del 10% no logró terminar la escuela primaria.
¿Qué problemas se atienden?
Sobre el principal tipo de problemáticas que se presentan en las agencias del Atajo, “los casos ligados a la justicia de familia fueron predominantes en las consultas recibidas en la última década, con 14,81%, entre ellas, dificultades en el pago de cuota alimentaria, cuidados personales, responsabilidad parental, régimen de comunicación”.
El segundo grupo de casos estuvo integrado por problemas referidos a la documentación, con 7,82%, entre los cuales las cuestiones sobre migración y residencia resultaron las más numerosas, se puntualiza en el relevamiento.
En tanto, el registro de denuncias, según los principales tipos de problemáticas, está encabezado por casos de violencia doméstica contra las mujeres o personas con identidad de género femenina mayores de 13 años, con 29,96%. Le siguen violencia doméstica, con 14,27%, abuso sexual con 10,4% y cuestiones de familia de trámite en el fuero civil con 7,18%.
Ante los incrementos de episodios de violencia de género, se puso en marcha Atajo Protegen, un dispositivo que recepciona denuncias y funciona como herramientas de extensión territorial de la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como consecuencia de esta tarea, fueron dispuestas las medidas de protección solicitadas, con un el 93,92% de órdenes de prohibición de acercamiento y en el 72,97% pidiendo el cese de actos de perturbación o intimidación.
El listado continúa con medidas relativas a la protección de niñas, niños y adolescentes, pedido de botón antipánico y exclusión del agresor del domicilio, dispuestas en el 62,84%, el 58,11% y el 22,3% de los casos solicitados, respectivamente.
Además, el informe puntualizó que la mayoría de las consultas son efectuadas por mujeres (un 70,11%), motivadas en situaciones personales y muchas veces por temas que involucran a terceros, mientras que las realizadas por los hombres alcanzan un porcentaje del 26,94% y el restante 0,76%, por personas transgénero.
¿Dónde hay oficinas?
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el programa Atajo cuenta oficinas descentralizadas en los barrios Padre Richardelli (ex villa 1-11-14 del Bajo Flores), Villa 21-24 de Barracas, Villa 20 de Lugano, Padre Carlos Mujica (ex Villa 31 y 31 bis de Retiro), Villa 15 (Ciudad Oculta de Mataderos) y en las zonas de Constitución, Once y Villa Soldati.
También en distintos distritos del Conurbano bonaerense, entre los que se encuentran
Y mediante convenios con las provincias, se desplegó el trabajo a jurisdicciones como La Plata, Mendoza, Rosario, Bariloche, Córdoba y Mar del Plata, tanto a través de agencias como mediante enlaces en las fiscalías federales.
En referencia a la tarea desplegada desde su creación y a lo largo de los últimos diez años, Julián Axat resaltó que “ha sido fundamental el intercambio con sectores de la sociedad civil, como organizaciones sociales, centros de fomento, clubes de barrio, iglesias y todo tipo de referentes/as, con quienes se logró consolidar una red de articulación”.
El funcionamiento de las oficinas descentralizadas formó un enclave territorial que permite generar condiciones de cercanía y concretar la articulación con la red comunitaria existente, que posibilita a su vez una resolución y contención más efectiva de cara a un eventual proceso judicial”, agregó el director del programa Atajo.
