El 6 de marzo de 1.994 fue hallado sin vida, Omar Carrasco. El chico de Cutral Co clase 1.975, que pagó con su vida haber desnudado las "operaciones" de la inteligencia del Ejército, los tratos inhumanos a los "colimbas" y la complacencia de la justicia; un cóctel que, finalmente, dio por tierra con el servicio militar obligatorio.

Omar era tímido y retraído. Eso animaría al exceso de un oficial y otros conscriptos. Lo mataron el domingo 6 de marzo de 1994 en el Grupo de Artillería 161 de Zapala. Habían pasado apenas 3 días de haberse incorporado para hacer la "colimba".

Como se había establecido desde 1902, los jóvenes que tenían entre 18 y 21 años y salían "número alto" debían pasar por el Servicio Militar Obligatorio, instrucción militar que era popularmente conocida como "colimba", definición que derivaba de la primera sílaba de las palabras "corra, limpia y barra", tres actividades que debían realizar los conscriptos.

En ese contexto, Omar Octavio Carrasco, fue "bailado", golpeado y asesinado. Luego del homicidio del muchacho de 18 años, autoridades del destacamento dijeron a sus padres que Carrasco había desaparecido y que por lo tanto era considerado un "desertor", al tiempo que comenzaron a pergeñar estrategias de manipulación y encubrimiento para negar su responsabilidad en el crimen.

Los familiares de Carrasco desconfiaron de la versión oficial y comenzaron a presionar en busca de la verdad, acompañados por una sociedad que también pedía respuestas concretas, en medio de una situación que se tornaba desesperante.

Un mes después de su desaparición, el soldado fue encontrado sin vida en el fondo del cuartel, lo que provocó una oleada de indignación en todo el país y sacudió las bases del Ejército, que recibió un golpe tremendo y sufrió heridas en su credibilidad que incluso hoy no terminaron de cicatrizar.

La Justicia Federal de Zapala demoró las pesquisas formales y dejó el caso en manos militares, que en una ciudad íntimamente vinculada con la Fuerza llevaron adelante su propia investigación y optaron por culpar a los responsables de la compañía de Carrasco al momento de su desaparición.

En medio de un gran escepticismo en la opinión pública y tras un proceso legal controvertido y plagado de irregularidades, se condenó a 15 años de prisión al subteniente Ignacio Canevaro y a 10 años a los conscriptos Cristian Suárez y Víctor Salazar. Los tres eran de la menor jerarquía posible.

Las acusaciones no se pudieron corroborar de manera fehaciente y más tarde, en las investigaciones que se realizaron por el encubrimiento del crimen, en el llamado Caso Carrasco II, se descubrieron innumerables pruebas que hasta contradecían las sentencias a los tres detenidos.

Sin embargo, en lugar de profundizar las pesquisas y continuar "hasta las últimas consecuencia", como urgía el clamor popular, se dejó caer la causa hasta su prescripción, lo que generó una mayor sensación de injusticia.

El 31 de enero de 1996 el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a Canevaro, a Suárez y a Salazar como autores del crimen y al sargento Carlos Sánchez (tres años) por encubrimiento. Para los jueces, el subteniente había ordenado a los dos conscriptos golpear a Carrasco por abandonar su puesto de guardia.

El mismo fallo dispuso investigar a los jefes militares que ocultaron el crimen. No obstante, el Tribunal Oral Federal de Neuquén sobreseyó en junio de 2005 a los siete militares que quedaban procesados en el caso por encubrimiento y falsedad ideológica, de 11 imputados iniciales.

Más temprano, en marzo de 2000, salieron de prisión Suárez y Salazar, y cuatro años después, en febrero de 2004, recuperó su libertad Canevaro, beneficiados todos por la llamada "Ley del 2x1". Mientras, el primer juez de la causa, Rubén Omar Caro, fue suspendido y sometido a juicio político.

Varios testigos aseguraron que a Caro "el Ejército le manejó el caso" y que eso significó que se descartaran testigos clave o se dejaran de lado pruebas relevantes.

Una semana después de la aparición del cadáver de Carrasco, en los círculos políticos ya se hablaba de la derogación de la ley número 3.948, que establecía el servicio militar obligatorio, lo que se concretó en septiembre de 1994.