Las diputadas Soledad Martínez y Lorena Parrilli (Frente de Todos) presentaron un proyecto para interpelar al Ministro de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia, Abel di Lucca para la próxima sesión ordinaria de Cámara. El requerimiento se enmarca en el artículo 184° de la Constitución Provincial y apunta a que el funcionario brinde explicaciones por las estafas de planes sociales con tarjetas del BPN.
Las legisladoras detallan en la propuesta que di Lucca deberá responder, en el recinto legislativo, sobre el total de planes sociales que asigna la provincia mediante diferentes modalidades, sus nombres o formas de identificación, sus montos y características; cuántos planes fueran otorgados mediante la modalidad denunciada; qué medidas administrativas se tomaron en relación al personal involucrado, de cuántas personas se trata, cuál es o era su condición de revista y cuáles son sus funciones en la cartera que él encabeza.
A la vez, piden que el ministro se refiera a la estructura y el organigrama de la Dirección de Gestión de Planes Sociales; la dinámica de asignación de los beneficios acordados por la provincia, cómo se define el perfil de beneficiario, cómo se articula la vinculación con el Banco de la Provincia del Neuquén y cómo se fiscaliza.
El artículo 184° sobre el que se basa el petitorio refiere a la comparecencia de ministros a la Legislatura, determinando que ésta tiene facultad para llamar a los ministros o ministras del Poder Ejecutivo para pedirles los informes y aclaraciones que considere necesarios, previa indicación de los asuntos a tratar, estando obligados a concurrir a dar esos informes en la sesión que el cuerpo fije.
Los fundamentos recuerdan que a principios del mes de agosto, una persona damnificada por lo que se describe como un “mecanismo de estafas con los planes sociales” realizó una denuncia ante la justicia por la falta de fondos en su cuenta en la que acreditaban el plan.
Más adelante agregan que el hecho, que se descubrió con posterioridad que afectó a más de un centenar de damnificados y cuyo monto asciende según estimaciones a 123 millones de pesos, “reviste una gravedad extraordinaria y sin perjuicio de la alternativas que presenta la investigación judicial que se sigue, exige de la dirigencia provincial el más unánime rechazo”, sostienen Martínez y Parrilli.
Finalmente, las legisladoras argumentan que las estafas con planes sociales “desnudan la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran los colectivos destinatarios de los programas”, quienes están expuestos a la manipulación y al abuso de quienes intermedian o bien asignan los beneficios obligados a tal fin, facilitando de ese modo la maniobra con el ostensible perjuicio de quienes deberían ser sujetos de políticas públicas que primero contengan y atiendan la urgencia y luego promuevan la reconversión de los receptores de planes de ayuda.
El proyecto de resolución (15586) ingresó por Mesa de Entradas el 8 de septiembre.
