En una audiencia extraordinaria el cuerpo decidió que su presidente podrá tomar decisiones administrativas y presupuestarias a pesar del vencimiento del plazo fijado por el máximo tribunal para que caduque la actual composición.

El Consejo de la Magistratura aprobó este jueves por siete votos contra cinco una resolución para que el presidente del cuerpo, el juez Alberto Lugones, pueda tomar decisiones administrativas y presupuestarias a partir del viernes, cuando se cumpla el plazo fijado por la Corte Suprema de Justicia para que caduque la actual composición.

Luego de una intensa aunque amable discusión, el cuerpo decidió por el voto de la mayoría reservar potestades para garantizar el funcionamiento del sistema judicial, aún con la oposición de cinco consejeros que no consideran necesarias esas facultades.

Por la positiva votaron el mismo Lugones más los consejeros Graciela Camaño, Diego Molea, María Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Vanesa Siley y Gerónimo Ustarrozno; mientras que por la negativa se pronunciaron Juan Manuel Culotta, Diego Marias, Carlos Matterson, Ricardo Recondo y Pablo Tonelli.

Previo a la definición, el juez Recondo intervino para señalar que “a partir del día 120, hemos dejado de ser el Consejo así que cualquier actividad va a ser una ultractividad y no podemos hacerlo y me da absoluta tranquilidad que la Corte va a resolver”.

En igual sentido se pronunció el representante de los abogados Marias, cuando aportó que “ante una situación de incertidumbre la Corte tiene que actuar porque es la cabeza del Poder Judicial: no tiene margen para no actuar” y apeló a que “confiemos en la actuación de la Corte”.

La confianza en la Corte de Recondo y Marias no fue compartida por el impulsor de la iniciativa Lugones que priorizó que “no podemos permitir que el Poder Judicial se pare”.

“No me gusta el fallo de la Corte pero como juez debo cumplirlo”, aclaró Lugones y planteó que, si el presidente de la Corte asume sin la totalidad de los miembros de la nueva composición, sería “una especie de intervención”.

Este viernes se cumplen los 120 días que en diciembre del año pasado fijó la Corte como plazo máximo para que el Consejo se integrara con 20 miembros, y la presidencia a cargo del alto tribunal, o el Congreso aprobara una ley al respecto.

Si bien la ley para la reforma del Consejo consiguió media sanción en el Senado, todo indica que Diputados no logrará su sanción antes del viernes, con lo cual regirá la ley previa a 2006, que integraba el Consejo con veinte miembros y la presidencia a cargo del titular de la Corte, en este caso, Horacio Rosatti.

Desde la publicación del fallo, el Consejo se abocó a organizar los dispositivos electorales para cumplir con la sentencia, más allá de las críticas abiertas al plazo “exiguo” que fijó la Corte, y de hecho llegó a elegir la nueva representante de los jueces, la civilista Agustina Díaz Cordero, y las nuevas abogadas, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez.

En la misma reunión plenaria, el Consejo -pero esta vez por unanimidad- postergó la votación de las ternas ya listas para elevar al Poder Ejecutivo para que elija los eventuales candidatos y los traslade al Senado para el acuerdo que fija la Constitución.
Las ternas deben ser elegidas por una mayoría especial de 9 votos, en la actual composición de 13 miembros, que no se alcanzó por la complejidad política que atraviesa el organismo.

“Es cierto que no vamos a aprobar ninguna terna –sinceró Tonelli-: Nos faltó diálogo y conversación entre nosotros”.

En cuanto a las facultades para afrontar el vencimiento del viernes, el texto aprobado ajustó las funciones que cumplirá Lugones.

“Representación en juicio, ejecución de los actos de administración necesarios para la asistencia y soporte material de los tribunales de justicia y del propio Consejo, gestión de los recursos humanos bajo la superintendencia del Cuerpo en las materias impostergables -licencias que exceden las facultadas de los funcionarios de máxima jerarquía e inicio de actuaciones disciplinarias- y asignación de asuntos a las diferentes comisiones al sólo efecto de su radicación”.

Para aquellas circunstancias que excedan lo contenido en el punto resolutivo uno, en el punto dos se aclaró que “el actual presidente del Cuerpo (Lugones) se encontrará facultado para establecer un procedimiento de consulta que requerirá la conformidad de al menos nueve consejeros/as”.

Los nuevos miembros del estamento técnico (jueces, abogados y académicos) terminarán de completarse el lunes 18, con lo cual la Corte estaría a partir de allí en posición de tomarles juramento para que asuman.

En el caso de los miembros políticos (legisladores), que se deben incorporar a la nueva integración, el Juzgado Federal 2 de Paraná firmó ayer una cautelar solicitada por el diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT), en la cual ordena a los presidentes de las Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación que se abstengan de designar nuevos integrantes en el Consejo de la Magistratura.

"El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva ley, y no se pretenda poner en vigencia una ley ya derogada en 2006", expresó el diputado entrerriano.