La diputada Leticia Esteves (Juntos por el Cambio) presentó dos proyectos vinculados al DNU 805/2021 firmados por el Ejecutivo nacional para prorrogar la ley 26160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Se trata de un proyecto de declaración que rechaza el decreto nacional y un proyecto de comunicación que le solicita a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación igual resolución.
El proyecto de declaración rechaza el DNU en cuestión, emitido días atrás, y explica que la prórroga de la ley ya cuenta con media sanción en el Senado y se encuentra en tratamiento en la Cámara Baja, por lo que la medida “resulta absolutamente innecesaria” y constituye “un claro exceso de las atribuciones” del Poder Ejecutivo nacional. En tanto, el proyecto de comunicación requiere el tratamiento del expediente en el Congreso y su correspondiente desestimación.
La ley 26160 fue sancionada a fines del año 2006, con un plazo de vigencia de cuatro años, con el objetivo de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y en cumplimiento con el artículo 14 inciso 2 del Convenio 169 de la OIT.
Los fundamentos de ambas iniciativas recuerdan que la norma fue prorrogada en tres oportunidades, mediante la sanción de nuevos marcos legales, en los años 2009, 2013 y 2017. La ley declaró la emergencia territorial para las comunidades indígenas, suspendiendo la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas. Asimismo, ordenó realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.
La legisladora menciona que la normativa buscó dar una respuesta ordenada y ajustada a derecho a los reclamos territoriales de las comunidades indígenas. Sin embargo, desde hace un tiempo la región de la Patagonia vive con frecuencia ataques a pobladores y turistas que transitan por reconocidas localidades como por ejemplo Villa Mascardi, El Bolsón y sendas zonas aledañas, hechos que se suman a “los recurrentes ataques a instituciones con una gran violencia y hostilidad por parte de organizaciones autodenominadas mapuches”.
Frente a tal escenario, argumenta Esteves, la prórroga de la ley resulta contraria a las razones de emergencia por la que fue sancionada hace 15 años. “Lejos de resolver los conflictos existentes, lo único que provoca esta dilación constante en el tiempo es que los mismos se intensifiquen, generando una indefinición jurídica que ocasiona hechos cada vez más violentos en nuestra región patagónica”. En tal sentido, indica que las sucesivas prórrogas de la norma agravaron la situación en tanto habilita el “aprovechamiento por parte de los delincuentes tanto de la falta de acción por parte de jueces y fiscales como de la complicidad del Poder Ejecutivo Nacional para desalojar a los grupos ocupantes de las tierras usurpadas y aplicar la ley ante los hechos de violencia y caos en la región. Las localidades y la comunidad patagónica necesitan ser escuchados y recibir una solución para sus diferentes realidades por parte del Estado argentino”, finaliza la diputada de JC.
Los proyectos de declaración (14852) y de comunicación (14853) ingresaron por Mesa de Entradas el 25 de noviembre.
