El bloque Frente de Todos presentó un pedido de informe para conocer detalles del “Plan de Gestión Estratégico de Seguridad” implementado por el gobierno provincial en todo el territorio neuquino.

El pedido, dirigido al Ministerio de Gobierno y Seguridad, busca conocer aspectos vinculados a la adquisición de equipamientos y estado de la infraestructura, tales como la provisión de flota para el parque automotor de la fuerza policial; la adquisición de indumentaria para el personal policial y de cámaras de seguridad (instalación de nodos de comunicaciones, sistemas de monitoreo central, distribución por localidades y formas de articulación con los municipios). A la vez, pregunta por la provisión de otros materiales necesarios para el adecuado funcionamiento de las unidades y sobre la implementación de capacitaciones específicas para el personal de seguridad, en relación a las problemáticas delictuales particulares de las diferentes localidades.

En el marco de la pandemia originada por el Covid-19, desde diferentes barrios de distintas localidades en toda la provincia, se hicieron sentir voces de vecinos y vecinas con marcada preocupación por el creciente número de hechos delictivos y la insuficiente respuesta por parte de las áreas competentes en la materia. En efecto, las denuncias realizadas desde las comisiones vecinales apuntaron a la escasa disponibilidad de cámaras de seguridad en funcionamiento efectivo, así como también de móviles policiales en condiciones de circular y monitorear zonas y sectores urbanos y rurales.

Los fundamentos retoman los datos oficiales aportados por la Dirección Provincial de Estadística y Censo, según los cuales durante los últimos años hasta el 2019 hubo un crecimiento constante de algunos delitos, que, en los últimos años, se vieron potenciados por la pandemia, profundizando la situación de inseguridad. Entre los delitos de mayor recurrencia, figura el delito contra la propiedad bajo la modalidad de robo. En el último tiempo, este hecho delictivo se incrementó en el área Confluencia, a partir de numerosos robos o hurtos de bicicletas, por ejemplo, una de las principales vías de movilidad utilizadas por la ciudadanía ante las restricciones en el transporte público.

“Las denuncias configuran por sí solas un relato de realidad, en el que claramente no suponemos que el aumento de medidas y dispositivos de control y coerción sean la respuesta de fondo que necesita nuestra sociedad al problema de la inseguridad, sin embargo advertimos que sí son acciones complementarias para garantizar el derecho de los vecinos el respeto de sus bienes e integridad física”, finalizan las legisladoras y los legisladores del FT.