Las distribuidoras suspendieron el suministro a fábricas y estaciones de GNC para dar prioridad a los hogares ante la ola polar. La crisis expone la fragilidad del sistema y el impacto de liberar las importaciones de GNL al sector privado, con costos que trepan a los 21,50 dólares.

La llegada anticipada de las temperaturas bajo cero volvió a encender las alarmas en el entramado productivo del interior del país. Por segunda vez en lo que va del año —tras un primer cuello de botella registrado a fines de abril—, el sistema energético nacional ingresó en fase de emergencia, obligando a las distribuidoras a implementar cortes programados en el suministro de gas que ya afectan de forma directa a cerca de 150 empresas y estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC), concentradas principalmente en la provincia de Córdoba.

La medida restrictiva responde al salto abrupto en la demanda residencial, que obligó al sistema de redes a priorizar el abastecimiento en hogares, centros de salud y establecimientos educativos. En zonas de alta concentración urbana, como el área de cobertura de la Distribuidora de Gas del Centro, los consumos domiciliarios escalaron por encima de los 5,7 millones de metros cúbicos diarios, dejando sin margen de maniobra a los contratos denominados "interrumpibles".
El reclamo fabril ante los sobrecostos

La recurrencia de estas interrupciones desató un fuerte malestar en los sectores productivos. Desde la Unión Industrial de Córdoba (UIC) emitieron un duro pronunciamiento para advertir sobre las consecuencias económicas de la falta de previsión y la inestabilidad operativa:

“La industria no puede producir bajo una incertidumbre diaria ni absorber los sobrecostos extraordinarios derivados del uso forzado de combustibles alternativos”.

Para los industriales, el hecho de que el sistema muestre signos de saturación a mediados de mayo, antes de ingresar formalmente en el período invernal más crudo, deja en evidencia fallas estructurales y una falta de planificación a largo plazo que golpea de lleno a las firmas que invierten y sostienen los puestos de empleo.
Tarifas plenas y escasos barcos: el nuevo esquema de importación

La tensión sectorial coincide con el debut del modelo implementado por la administración nacional de Javier Milei, que delegó en las corporaciones privadas la potestad y la responsabilidad de gestionar los volúmenes de importación y los valores de compra del recurso. Bajo la premisa oficial de que "el sector privado es mucho más eficiente y cuida su dinero", la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, conducida por Daniel González, defendió el retiro del Estado de la cadena de comercialización externa.

Sin embargo, los resultados inmediatos encendieron las críticas del sector PyME:

Pocos arribos: Durante el mes de mayo solo se contabilizó el ingreso de dos buques metaneros con Gas Natural Licuado (GNL) a las terminales regasificadoras.

Precios récord en junio: Aunque para el próximo mes está pautado el arribo de otros nueve cargamentos, las industrias deberán convalidar un costo de 21,50 dólares por millón de BTU, una cifra que afrontarán a tarifa plena y sin ningún tipo de subsidio o asistencia por parte del Estado nacional.

El escenario abre un fuerte signo de interrogación sobre los niveles de competitividad y la continuidad de las líneas de producción de cara a los meses más fríos del año, en medio de un esquema energético que funciona al límite de su capacidad.