Una presentación judicial salpica al entorno directo de la Secretaría General de la Presidencia. Acusan la simulación de una competencia de precios por $700 millones entre firmas de un mismo holding y sospechan de un entramado de parentesco con funcionarios a cargo del predio.

El entramado administrativo de la Quinta Presidencial de Olivos quedó en el centro de una fuerte polémica en los tribunales de Comodoro Py. Una presentación formulada por la diputada Marcela Pagano salpica de forma directa a la conducción de la Secretaría General de la Presidencia, a raíz de presuntas irregularidades y falta de transparencia en la adjudicación de un millonario contrato destinado al cuidado de los parques y espacios verdes del predio oficial.

La denuncia apunta al expediente de la Licitación Pública N° 23-0005-LPU26, un concurso impulsado para delegar las tareas de paisajismo, asistencia preventiva y sistemas de riego tanto de la quinta de Olivos como de la Casa Rosada. La controversia radica en que las dos corporaciones que llegaron a la etapa final de la puja de precios responderían a un único dueño real, configurando una supuesta competencia ficticia.

Una puja de precios bajo sospecha de cartelización

De acuerdo con el texto de la denuncia, el proceso licitatorio preveía una inversión estatal de 700 millones de pesos. Para este negocio se presentaron como presuntos competidores las firmas La Mantovana y Grub. No obstante, la legisladora aportó como prueba un dictamen oficial de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fechado en septiembre de 2024, donde se explicita que ambas empresas operan bajo el control del mismo conglomerado financiero, liderado por el empresario Franco Castelli.

La acusación sostiene que las autoridades del área tenían la obligación legal de auditar la genuina rivalidad comercial y la independencia económica de los oferentes:

“La aceptación en simultáneo de dos empresas formalmente independientes pero que pertenecen al mismo grupo económico no puede atribuirse a un descuido. Representa, bajo la figura de dolo eventual, el aval a una simulación de competencia destinada a distorsionar los valores de mercado en detrimento de los fondos públicos”.

Lazos familiares en el ojo de la tormenta

El frente judicial adquiere mayor volumen político al analizarse el organigrama interno de la residencia. La supervisión directa de Olivos recae sobre la subsecretaria de Planificación General, María Belén Agudiez, una funcionaria de extrema confianza dentro de la estructura oficial.

El escrito judicial solicita de manera urgente el cruce de documentación en el Registro Civil para verificar si Castelli —el beneficiario del contrato— posee un vínculo de consanguinidad en grado de primo hermano con la propia subsecretaria Agudiez.

Este presunto favoritismo familiar se suma a cuestionamientos previos sobre la gestión del predio. Según la denuncia, el presupuesto del área de planificación se incrementó de forma considerable al inicio de la gestión para el pago de salarios, detectándose además la designación de allegados en cargos de maestranza y administración general de la quinta —el rol equivalente al de "intendente" de la propiedad—, algunos de los cuales se sospecha que ya prestaban servicios de manera informal antes de la regularización del contrato.

Pedido de medidas cautelares y el trasfondo de las auditorías

La presentación judicial encuadra las presuntas maniobras bajo las figuras penales de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones de carácter incompatible con la función del Estado e incumplimiento de los deberes públicos.

Como elemento de contexto, la denuncia cita auditorías previas de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) correspondientes al período 2023. Dichos informes sectoriales habían advertido una fuerte concentración en el rubro de mantenimiento edilicio, donde apenas una decena de proveedores —entre ellos los grupos señalados en la nueva causa— acaparaban el 60% de los contratos. La SIGEN detectó en su momento fallas administrativas, ausencia de comprobantes de respaldo y debilidad en las fiscalizaciones patronales en más del 70% de las contrataciones revisadas.

Ante el riesgo de que el proceso administrativo quede firme, la parte denunciante solicitó al juzgado interviniente el dictado de una medida cautelar urgente para frenar la adjudicación del contrato, el secuestro inmediato de la totalidad de las actas y expedientes de la licitación, y el embargo preventivo de los bienes de los funcionarios y empresarios bajo investigación.