La iniciativa busca derogar las regulaciones remanentes de la normativa de 2009 y catalogar a los profesionales de la prensa como Personas Expuestas Políticamente (PEP), obligándolos a presentar declaraciones juradas de bienes.
En el más estricto hermetismo, el presidente Javier Milei avanza en la confección de una reforma integral para el sector de las comunicaciones. El proyecto, que es manejado por un círculo sumamente cerrado dentro del Poder Ejecutivo, apunta a modificar de raíz el marco regulatorio remanente de la ley de servicios de comunicación audiovisual sancionada en 2009, al mismo tiempo que introduce controles patrimoniales inéditos para el ejercicio del periodismo en el país.
El borrador del texto ya pasó por los filtros jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, bajo la órbita de María Ibarzabal Murphy, y del Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de esbozar los lineamientos principales de la propuesta ante la mesa política del oficialismo en los últimos días, tras haber sido coordinada previamente con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Periodistas bajo la lupa fiscal: el estatus de PEP
El eje más disruptivo y polémico de la reforma es la inclusión de los trabajadores de prensa dentro de la categoría de Personas Expuestas Políticamente (PEP). De prosperar la ley en el Congreso, los periodistas quedarían sujetos a los mismos estándares de transparencia, fiscalización y control financiero que hoy recaen sobre los funcionarios de los tres poderes del Estado.
Esta medida obligará a los profesionales de los medios a:
·Presentar declaraciones juradas patrimoniales de forma periódica.
·Someterse a auditorías estrictas sobre el origen de sus ingresos y bienes.
·Reportar movimientos financieros bajo los protocolos de prevención de lavado de dinero.
Aunque la intención inicial de la Casa Rosada era aplicar esta disposición mediante una resolución administrativa directa para saltear el debate parlamentario, los asesores legales del Presidente advirtieron que la única vía constitucionalmente viable para modificar el universo de las PEP es a través de una ley nacional. La iniciativa se apoya en declaraciones previas del propio mandatario, quien públicamente había desafiado a los comunicadores a exhibir sus patrimonios para demostrar su honestidad.
Apertura de mercado y fin de las restricciones a las telecomunicaciones
El segundo pilar del proyecto busca un desmantelamiento definitivo del espíritu intervencionista de la legislación kirchnerista. Si bien administraciones previas —incluida la actual— ya habían avanzado en la flexibilización de ciertas normas mediante decretos, el objetivo ahora es una apertura absoluta del mercado.
“La meta es liberalizar por completo el mapa de medios y el sector de las telecomunicaciones, erradicando normativas de corte burocrático. Se busca eliminar las barreras de mercado, quitando al Estado de funciones regulatorias que distorsionan la competencia”, confiaron fuentes gubernamentales conocedoras del expediente.
El paquete de reformas estructurales contempla los siguientes puntos clave:
1.Flexibilización de licencias: Simplificación de los trámites y eliminación de topes estrictos para la adjudicación de frecuencias.
2.Reducción del Enacom: Recorte en las facultades de fiscalización del Ente Nacional de Comunicaciones y disolución de áreas consideradas redundantes.
3.Fin de cuotas de contenido: Eliminación de las obligaciones legales que imponen porcentajes mínimos de producciones locales o temáticas específicas en las grillas.
4.Convergencia tecnológica: Facilitación de la concentración de servicios para que las empresas operen de manera simultánea en televisión, radio, internet y telefonía sin las trabas impuestas por la normativa original.
