El Palacio San Martín desmintió de forma tajante las afirmaciones del expresidente boliviano Evo Morales, quien había denunciado el envío de pertrechos militares y material de represión por parte de la administración de Javier Milei. El canciller argentino, Pablo Quirno, aclaró que la participación del país se limitó al préstamo de una aeronave Hércules destinada exclusivamente a cuestiones humanitarias, y vinculó las denuncias del exmandatario con lo que denominó el “eje del mal”.
Según detalló el jefe de la diplomacia argentina, el avión militar se utilizó para el traslado de cargamentos de alimentos pertenecientes al propio Estado boliviano, con el fin de sortear las rutas bloqueadas por las agrupaciones civiles que responden a Morales. Las protestas, lideradas por sectores agrarios y sindicales, exigen la renuncia del actual presidente Rodrigo Paz Pereira.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, hizo público su reconocimiento a la gestión argentina durante una entrevista radial, ponderando el respaldo de Buenos Aires como una muestra de cooperación regional frente a los intentos de desestabilización. Al respecto, Quirno subrayó la consolidación de un frente de naciones con afinidad ideológica en la región —integrado por Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá— que respalda la continuidad democrática en el vecino país.
Acciones legales y denuncias por sedición
La Cancillería boliviana ratificó que presentará una demanda formal contra Morales ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Los cargos que formulará el gobierno de Rodrigo Paz Pereira incluyen terrorismo y sedición, fundamentados en el financiamiento de las protestas y el desabastecimiento provocado por los piquetes.
Balance de la crisis: Las autoridades de La Paz responsabilizan directamente a las medidas de fuerza por la muerte de tres personas debido a la imposibilidad de recibir atención médica, un hecho que la legislación internacional encuadra como delito de gravedad extrema.
Aramayo recordó además que sobre el expresidente —quien actualmente se encuentra en condición de prófugo— pesa una orden de captura por causas ligadas al tráfico de menores, y aseguró que las movilizaciones son una estrategia para eludir la acción de los tribunales ordinarios.
Un escenario de alta conflictividad en las calles
El panorama político y financiero en Bolivia viene deteriorándose desde principios de año, con un recrudecimiento drástico de la violencia durante este mes de mayo. Las columnas de manifestantes, que agrupan a sectores de la minería, el transporte, la docencia y el campesinado, rechazan el rumbo socioeconómico del Ejecutivo y acusan a Paz Pereira de promover privatizaciones de áreas clave y servicios esenciales.
·Detenciones masivas: Las últimas jornadas de protesta en la sede de gobierno culminaron con más de 127 personas arrestadas tras registrarse incendios intencionales, saqueos y ataques a dependencias del Estado.
·Enfrentamientos armados: La tensión alcanzó su punto crítico a mediados de mes, cuando manifestantes mineros emplearon cargas de dinamita y artefactos explosivos caseros contra los cordones policiales en las adyacencias de la casa de gobierno, siendo dispersados con gases lacrimógenos por las fuerzas de seguridad locales.
