La causa penal que mantiene bajo investigación al jefe de Gabinete de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito incorporó elementos de prueba clave. El fiscal federal Gerardo Pollicita constató que los comprobantes provistos por el arquitecto y contratista Matías Tabar se corresponden con los 245 mil dólares que el constructor denunció haber percibido por las tareas de remodelación en la vivienda del funcionario, ubicada en el club de campo Indio Cuá.
La presentación del material probatorio se realizó de manera espontánea ante los tribunales de Comodoro Py, donde el empresario entregó un legajo con facturas y recibos comerciales vinculados a la adquisición de insumos y al pago de operarios.
Cronograma de obra y modalidad de cobro bajo la lupa
El testimonio recabado por la Justicia compromete la trazabilidad de los fondos, ya que el responsable de los trabajos de infraestructura declaró que las transacciones financieras se habrían canalizado en efectivo y de forma marginal (sin la emisión de facturas fiscales) por parte del actual ministro.
El desglose de la auditoría y de las declaraciones contenidas en el expediente penal detalla la siguiente dinámica:
·Plazos de ejecución: Las refacciones edilicias se extendieron por espacio de diez meses, abarcando el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
·Características del inmueble: Las tareas se concentraron sobre una propiedad emplazada en una parcela de 400 metros cuadrados. Consistieron en la renovación de revestimientos y pisos, refacciones en núcleos sanitarios y de cocina, el equipamiento del área de quincho y la puesta a punto de la piscina.
·Financiación en etapas: El socio de la firma Alta Arquitectura precisó que el global de la obra se canceló en dos tramos diferenciados: un desembolso inicial de 55 mil dólares durante el año 2024 y un saldo remanente de 190 mil dólares saldados consecutivamente a lo largo de 2025.
Peritajes informáticos y gastos complementarios
La fiscalía analiza además un costo adicional derivado de la logística familiar del funcionario mientras duraron las reformas. Según los registros incorporados, Adorni desembolsó 13 mil dólares extra en concepto de locación temporaria de una segunda vivienda de contingencia dentro del mismo country.
Con el objetivo de respaldar sus afirmaciones y agilizar la reconstrucción de los movimientos, el contratista puso a disposición de las autoridades judiciales su dispositivo de telefonía celular y facilitó la nómina completa del personal de obra (albañiles, plomeros y electricistas).
A partir de estas evidencias, los pesquisas se concentran en verificar si la capacidad contributiva y el flujo de ingresos declarados por el jefe de Gabinete resultan compatibles con los millonarios gastos detectados en su patrimonio inmobiliario.
