A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Gobierno nacional oficializó una poda presupuestaria que afecta directamente compromisos de infraestructura en las provincias que respaldaron leyes estratégicas como el Presupuesto y la reforma laboral. Esta medida, firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro Luis Caputo, se produce en un contexto de caída de la recaudación y necesidad de cubrir un rojo financiero de 2.000 millones de dólares.
Mapa del recorte por jurisdicción
El ajuste impacta principalmente en obras de saneamiento, agua potable y vialidad que ya estaban contempladas en el Presupuesto votado en diciembre de 2025:
·Tucumán: Se eliminaron $7.359 millones destinados al Acueducto Vipos.
·Entre Ríos: Sufrió la quita de $4.713 millones para el sistema de agua potable en la ciudad de Concordia.
·Santa Fe: El ajuste alcanzó los $4.284 millones que iban a ser invertidos en la planta depuradora de Rafaela.
·Chubut: Perdió $4.121 millones asignados para el Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia.
·Catamarca: El hachazo afectó las obras viales sobre la Ruta Nacional 38.
·Otras afectadas: También se registraron recortes en obras de infraestructura básica para Salta, Río Negro y Chaco.
Reacciones políticas: Entre el silencio y la queja técnica
Pese al incumplimiento de los acuerdos previos, la respuesta de los gobernadores aliados ha sido dispar:
·Estrategia de silencio: Mandatarios como Osvaldo Jaldo (Tucumán) evitaron la confrontación directa, llegando incluso a buscar excusas para asegurar que las obras siguen en pie pese a la quita de fondos.
·Críticas desde Santa Fe: El gobierno de Maximiliano Pullaro fue de los más vocales a través de sus voceros, denunciando que la gestión nacional desconoce la realidad de los hospitales y las necesidades básicas de la población tras sucesivos recortes en salud e insumos.
·Justificaciones por deuda: En Chubut y Entre Ríos se deslizó que el impacto se ve compensado por el régimen de compensación de deudas provinciales, aunque analistas advierten que la infraestructura social básica es una responsabilidad estatal independiente de las renegociaciones financieras.
Este escenario profundiza la tensión entre la necesidad del Ejecutivo de mantener el equilibrio fiscal y el compromiso de los gobernadores de sostener la gobernabilidad a cambio de recursos para sus territorios.
