El fiscal federal Gerardo Pollicita se pronunció a favor de desestimar la acusación impulsada por la Casa Militar contra los cronistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno. La denuncia, que también alcanzaba a los directivos de la señal TN, sostenía que el uso de "lentes con cámara" para registrar el interior de la sede de Gobierno representaba una amenaza a la seguridad nacional.

Los fundamentos del dictamen

Para el representante del Ministerio Público, los hechos denunciados carecen de relevancia penal. Pollicita argumentó que el contenido emitido en el programa ¿Y mañana qué? no califica como revelación de secretos de Estado.

En su resolución, el fiscal destacó los siguientes puntos:

• Espacios de dominio público: Las filmaciones solo muestran áreas comunes y aspectos generales de la Casa Rosada que ya son conocidos masivamente.
• Contenido preexistente: Gran parte de lo exhibido en el informe ya se encuentra disponible de forma legal y gratuita en plataformas como Google Maps, YouTube o incluso en los canales de comunicación oficiales de la Presidencia.
• Inexistencia de riesgo real: No se acreditó que el material haya expuesto protocolos de vigilancia, despachos privados, movimientos estratégicos del personal de seguridad ni la agenda del Presidente, quien al momento de la grabación se encontraba en una gira por Israel.

"La actividad realizada por los periodistas no coincide con la gravedad de lo denunciado; no hubo espionaje ni acceso a zonas restringidas", subrayó el fiscal en su dictamen.

El trasfondo del conflicto: Seguridad vs. Libertad de Prensa

La denuncia original fue radicada por el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, invocando los artículos 222 y 223 del Código Penal, los cuales castigan la filtración de secretos políticos o militares con penas de hasta seis años de prisión.

A raíz de este episodio, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de restringir el ingreso de la prensa al palacio gubernamental. Si bien desde el entorno de Javier Milei justificaron la medida como una "revisión preventiva de los sistemas de acreditación", la acción fue leída por diversos sectores sociales, políticos y gremiales como un intento de limitar la labor periodística.

Actualmente, el dictamen de Pollicita pone en duda la viabilidad de la causa, sugiriendo que el ejercicio de la profesión por parte de Geuna y Salerno no constituyó un delito contra el Estado.