El proyecto enviado por el ministro Caputo pretende reducir el alcance geográfico del beneficio y focalizarlo por ingresos, lo que afectaría a localidades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

El ministerio de economía, encabezado por Luis Caputo, presentó ante el congreso nacional un proyecto de ley que busca modificar profundamente el régimen de subsidios por zona fría en las tarifas de gas. La iniciativa tiene como objetivo central el ordenamiento de las cuentas públicas y la reducción del déficit fiscal, pero ya ha despertado fuertes críticas en provincias que actualmente perciben este beneficio.

Con el nuevo diseño, la cobertura estatal dejaría de ser automática para vastas regiones del país y volvería a un esquema histórico limitado principalmente a la región patagónica, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la puna. Esto significa que más de 50 municipios bonaerenses y diversas localidades de San Juan, San Luis, Catamarca y Tucumán, entre otras, perderían la bonificación generalizada.

Un cambio de criterio: de lo geográfico a lo social

La propuesta oficial introduce un cambio radical en la forma de otorgar la ayuda. Mientras que la ley vigente (27637) aplica el descuento de forma general por residencia, el nuevo proyecto establece una doble condición:

Ubicación: El usuario debe residir en las zonas contempladas.

Nivel socioeconómico: Solo recibirán el beneficio quienes estén registrados en el régimen de subsidios energéticos focalizados (sef) y demuestren ingresos inferiores a tres canastas básicas totales o posean certificado de vivienda familiar (renabap).

Resistencias en el congreso

A pesar de la intención del ejecutivo, el panorama legislativo se presenta complejo. Desde sectores de la oposición y bloques aliados han manifestado sus dudas sobre el impacto de la medida a las puertas del invierno. Mientras algunos legisladores, como la santafesina Gisela Scaglia, ven con buenos ojos que el subsidio sea focalizado según la capacidad económica, otros como el cordobés Carlos Gutiérrez cuestionaron duramente la quita de beneficios al interior del país.

Fuentes parlamentarias indican que el oficialismo aún no contaría con los votos necesarios para aprobar la reforma, ya que varios gobernadores aliados temen el costo político que representaría el aumento de las facturas en sus distritos durante los meses de mayor consumo.