La administración pública provincial de Neuquén ratificó su postura de intransigencia frente a la indisciplina y la violencia en el ámbito laboral. En un fallo administrativo sin precedentes por su contundencia, el Gobierno oficializó la cesantía de Carlos Roberto Cides, quien se desempeñaba en la planta permanente del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. La medida no solo responde a un incumplimiento de deberes, sino a un cuadro de violencia sistemática y amenazas de muerte que alteró por completo el funcionamiento de las áreas donde prestaba servicios.
Un historial de hostilidad y amenazas
La investigación administrativa, iniciada formalmente en abril de 2025, logró reconstruir un patrón de conducta alarmante que se extendió durante casi un año en las dependencias de la Dirección Provincial de Políticas Culturales y el Ente Cinematográfico (ENCINE). Según el sumario, Cides no limitó su accionar a la falta de acatamiento de órdenes; su comportamiento escaló hasta niveles de peligrosidad física.
El informe técnico de la Junta de Disciplina fue tajante al enumerar las faltas:
Amenazas contra la vida: Se acreditaron intimidaciones directas contra la integridad física de compañeros y superiores jerárquicos.
Agresiones verbales: El uso de insultos, descalificaciones y términos denigrantes era una constante en su jornada laboral.
Falsas denuncias: El agente formulaba acusaciones sin sustento contra otros trabajadores para desviar la atención de su propio desempeño.
Insubordinación: Mantuvo una resistencia sistemática a cumplir con las tareas asignadas por sus jefes directos.
El informe que selló su salida
Uno de los pilares que sostuvo la decisión de la cesantía fue el dictamen de la Oficina de Intervención en Violencia Laboral. Un equipo interdisciplinario compuesto por expertos en psiquiatría, psicología, derecho y recursos humanos realizó un análisis profundo del perfil de Cides. El resultado fue inquietante: el agente fue calificado como de “alto riesgo”.
Los especialistas advirtieron sobre una "actitud refractaria", lo que en términos técnicos significa que el sujeto no solo no reconocía sus errores, sino que validaba y justificaba sus expresiones violentas. Esta incapacidad de reflexión tornó inviable cualquier sanción menor o medida correctiva, ya que no existía garantía de que el comportamiento no volviera a repetirse o, peor aún, que las amenazas de muerte se concretaran.
Respaldo judicial y protección de las víctimas
Ante la suspensión preventiva original, Cides intentó recurrir a la vía legal para recuperar su puesto y cobrar los haberes retenidos. Sin embargo, el Juzgado Procesal Administrativo N.º 1 rechazó sus pretensiones de plano. La justicia entendió que el "interés público" y el derecho de los demás trabajadores a un entorno seguro prevalecían sobre la estabilidad laboral del agente.
El testimonio de seis personas fue determinante. Los testigos coincidieron en que el clima de trabajo se había vuelto insoportable, al punto de que varios empleados debieron modificar sus horarios y rutinas de circulación dentro de las oficinas por el temor real que el imputado inspiraba. Con esta medida, el Ejecutivo busca enviar un mensaje claro: la estabilidad en el empleo público no es un escudo para el ejercicio de la violencia.
