La Unión Cívica Radical (UCR) enfrenta una de sus crisis internas más agudas en materia de género y principios doctrinarios. Un colectivo federal de más de 1.700 dirigentas, funcionarias y militantes de todo el país ha formalizado un rechazo categórico a la iniciativa impulsada por la senadora nacional Carolina Losada. El proyecto, que propone agravar las penas ante presuntas denuncias falsas de abuso y violencia, es interpretado por las bases femeninas del partido como un "retroceso histórico" y una vulneración directa a los derechos de las víctimas.

Un frente federal contra la "criminalización" de la mujer

La resistencia a la propuesta de la experiodista no es aislada; cuenta con el respaldo de las responsables de las áreas de género de provincias como Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Tierra del Fuego, La Pampa y Catamarca. Incluso en distritos con gobiernos radicales, como Jujuy, figuras de peso como Lourdes Navarro se han sumado al reclamo.

El argumento central de las detractoras se basa en la evidencia estadística. Referentes históricas como Alicia Tate sostienen que las denuncias falsas representan apenas el 1% de los casos, una cifra marginal frente a la alarmante realidad de los femicidios y la violencia intrafamiliar. Para las dirigentes, el proyecto de Losada ignora las barreras que ya existen para denunciar: de cada diez mujeres víctimas, solo cuatro llegan a la instancia judicial, y apenas dos logran sostener el proceso debido a las presiones del agresor.

La memoria de Alfonsín y Gómez Miranda como bandera

El conflicto ha escalado al plano de la identidad partidaria. La exdiputada Lorena Matzen calificó la iniciativa como una "sobreactuación" para alinearse con los sectores más duros del actual Gobierno nacional, alejándose de la tradición progresista de la UCR. En el seno del partido, recuerdan que el radicalismo fue pionero en leyes como la patria potestad compartida bajo la gestión de Raúl Alfonsín o los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo impulsados por Florentina Gómez Miranda.

"Losada vulnera la memoria de las mujeres que lucharon de verdad dentro de este partido", sentenció Matzen, subrayando que la senadora utilizó el sello de la UCR de manera "inconsulta" para promover una agenda que, desde lo técnico, consideran una forma de violencia económica y judicial.

El camino hacia la sanción partidaria

La tensión ha llegado a un punto tal que sectores del radicalismo ya analizan solicitar la expulsión de Losada. Este camino administrativo dependería de los distritos provinciales y debería ser ratificado por la Convención Nacional, el máximo órgano del partido. El antecedente más cercano es el de los llamados "radicales con peluca", legisladores suspendidos tras apoyar vetos presidenciales contrarios a la plataforma partidaria.

Para muchas militantes de trayectoria, el caso de Losada pone en evidencia la crisis de representatividad: cuestionan la llegada de figuras mediáticas a bancas estratégicas sin una formación previa en la doctrina del partido. En un contexto donde las estadísticas marcan un femicidio cada 39 horas, la dirigencia femenina de la UCR advierte que no permitirá que se utilicen las instituciones legislativas para desmantelar la red de protección que llevó décadas construir.