La central sindical busca anular el fallo que reactivó los cambios en la legislación laboral, denunciando falta de imparcialidad y supuestos beneficios estatales a favor de los magistrados.
El conflicto por la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo Nacional sumó un nuevo y tenso capítulo en los tribunales. La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó una recusación contra los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuestionando la legitimidad del fallo que, días atrás, dio luz verde a la aplicación de la normativa oficial.
El foco en la imparcialidad
La presentación, canalizada a través del equipo legal que encabeza el abogado Pablo Topet, pone la lupa sobre el accionar de los jueces Víctor Pesino y María Dora González.
Según la central obrera, ambos magistrados habrían incurrido en un "prejuzgamiento" manifiesto al momento de revocar la medida cautelar que, hasta la semana pasada, mantenía suspendidos los efectos de la reforma.
La acusación más grave recae sobre Pesino. Desde la CGT sostienen que el magistrado habría recibido "beneficios de relevancia" otorgados por el Estado Nacional, un vínculo que, para el gremialismo, destruye cualquier garantía de objetividad en un caso donde el Gobierno es parte interesada.
Pedido de nulidad
Bajo estos argumentos, la cúpula de la central sindical solicitó que se declare la nulidad total de la resolución. En el escrito presentado ante la Justicia, los representantes de los trabajadores afirmaron que el fallo en cuestión "carece de fundamentos sólidos" y que su único objetivo parece ser facilitar el avance de la agenda gubernamental.
Esta jugada judicial se da en medio de una paridad de fuerzas y una relación rota entre la Casa Rosada y los sindicatos. Con la reforma laboral como principal foco de discordia, la CGT apuesta ahora a desplazar a los jueces de la Cámara para intentar retrotraer la situación al estado anterior, donde la aplicación de la nueva ley permanecía bloqueada.
