El conflicto por el presupuesto educativo ha cruzado una nueva frontera legal. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) formalizó la presentación de un «incidente de ejecución», un recurso técnico que funciona como el último aviso antes de denunciar penalmente a los principales responsables del área educativa y social del Gobierno nacional.

El foco en el incumplimiento de deberes

La estrategia de los rectores apunta directamente contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. La acusación se basa en la desobediencia manifiesta a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada a fines de 2025.

Este recurso judicial busca forzar el cumplimiento de la ley bajo dos mecanismos de presión:

1.Multas diarias (Astreintes): Sanciones económicas que impactarían directamente en los salarios de los funcionarios (hasta un 25%).

2.Investigación criminal: Dar intervención a la justicia penal para que se investigue el presunto delito de desobediencia a una orden judicial (Art. 239 del Código Penal).

El derrumbe de las cuentas universitarias

Las cifras que maneja el CIN exponen una crisis de sostenibilidad sin precedentes:

·Presupuesto operativo: Las partidas para gastos de funcionamiento (servicios básicos y becas) han sufrido una caída real del 45% desde fines de 2023.

·Crisis salarial: El personal docente y no docente acumula un retroceso de 141 puntos frente a la inflación desde el inicio de la gestión actual.

·Insuficiencia oficial: El proyecto de financiamiento alternativo propuesto por el Gobierno libertario ofrece recuperar apenas un 12,1% de lo perdido en 2025 (contra una inflación del 35%) y un 0% de lo perdido en 2024, año en que la inflación superó el 110%.

¿Embargo a los funcionarios?

Un dato clave de esta semana surge del juzgado federal de Martín Cormick. Desde los pasillos judiciales se dejó entrever que los rectores tienen la facultad de solicitar el embargo preventivo de las cuentas personales de los funcionarios responsables, una herramienta que hasta el momento no ha sido ejecutada, pero que permanece sobre la mesa como medida de fuerza extrema ante la apelación del Gobierno ante la Corte Suprema.

Escenario de movilización

Mientras la vía judicial avanza, el frente universitario ya prepara la cuarta Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo. Con esto, los rectores buscan mantener el respaldo social frente a lo que consideran un intento sistemático del Gobierno por asfixiar financieramente a la educación pública para forzar su arancelamiento.