La causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo de tensión judicial. Por orden de la Fiscalía Federal, se realizaron operativos en tres firmas inmobiliarias vinculadas a la compra del departamento que el Jefe de Gabinete posee en la calle Miró al 500. El objetivo de los allanamientos es determinar si el precio declarado en los papeles coincide con el valor de mercado o si existió una subestimación de la cifra.

La medida, autorizada tras el testimonio de la escribana Adriana Nechevenko de Schuster, busca reconstruir la ruta de la transacción. Si bien la profesional calificó la operación como "habitual" y defendió la validez de las escrituras ante el fiscal Gerardo Pollicita, sus dichos activaron la necesidad de identificar a los intermediarios que participaron en la compraventa.

Las claves de la investigación por presunto enriquecimiento
El expediente judicial no solo analiza la propiedad en sí, sino también el extraño esquema de financiamiento que Adorni habría utilizado:

Préstamos bajo sospecha: El funcionario justificó parte de la compra mediante créditos privados otorgados por cuatro mujeres.

Inconsistencias económicas: La Justicia detectó que las prestamistas son jubiladas y empleadas estatales cuyos ingresos declarados no parecen ser suficientes para cubrir las sumas entregadas al Jefe de Gabinete.

Gastos de lujo: Además del inmueble, el fiscal ordenó levantar el secreto bancario del funcionario para auditar el origen de los fondos destinados a vuelos privados internacionales, con destinos recurrentes como Uruguay y Estados Unidos.

La hipótesis central apunta a determinar si el nivel de vida y las adquisiciones del funcionario se condicen con sus ingresos registrados o si existen fondos de origen desconocido detrás de su patrimonio.