Gabriela Flores, legisladora por La Libertad Avanza, justificó el uso de fondos públicos para costear traslados de su hijo. La normativa vigente establece que dichos recursos deben ser de uso exclusivo para la gestión legislativa.
Una fuerte polémica estalló en la provincia de Salta tras las declaraciones de la diputada nacional Gabriela Flores, quien reconoció públicamente haber asignado pasajes aéreos financiados por la Cámara de Diputados de la Nación para beneficio de su hijo, residente en Buenos Aires. Lejos de considerar la acción como una irregularidad, la legisladora defendió la práctica como una facultad propia de su cargo.
Durante una entrevista radial, Flores sostuvo que el sistema de viáticos le permite disponer de los tramos aéreos según su criterio personal. "Podés destinarlos a quien vos quieras", afirmó la representante libertaria, argumentando que el uso de estos recursos por parte de sus familiares no constituye un delito, sino un derecho que le corresponde como parlamentaria.
El marco regulatorio y el debate ético
A pesar de la interpretación de la diputada, la normativa interna del Congreso (Resolución 333/2024) especifica que el otorgamiento de pasajes tiene como fin único facilitar el cumplimiento de las funciones legislativas. El uso de estos fondos, que representan una erogación cercana a los 200 mil pesos por tramo, para fines particulares o familiares, se contrapone con la naturaleza del beneficio.
La admisión de Flores generó un inmediato rechazo en diversos sectores, especialmente por el contraste entre su discurso de campaña, centrado en el recorte de privilegios a la clase política —la denominada "casta"—, y el ejercicio actual de su función.
Perfil y trayectoria
El ascenso de Gabriela Flores a la política nacional ha sido vertiginoso. Hace apenas unos meses, su perfil profesional estaba vinculado al periodismo local y al rubro vitivinícola como sommelier en bodegas salteñas. Su llegada a la lista de La Libertad Avanza le permitió obtener una banca tras un breve paso por la formación académica en leyes bajo modalidades a distancia.
Hoy, la controversia pone el foco en la transparencia de los gastos legislativos y en la necesidad de que los funcionarios rindan cuentas sobre el destino de los impuestos de los contribuyentes. Mientras la situación económica del país exige austeridad, el accionar de la legisladora salteña reabre el debate sobre la vigencia de los privilegios en la estructura del Estado.
